El vicepresidente económico, Pedro Solbes, tildó el lunes de 'contradictorio' que una 'empresa pública [la italiana Enel] compre una que se ha privatizado en otro país', en referencia a Endesa. El ministro expresó así sus reparos al nuevo reparto de poder de la eléctrica. El grupo italiano se quedará el 92% de su capital, tras la salida de Acciona. Sin embargo, este fin de semana, el pacto para poner fin a dos años de alianza italoespañola en Endesa recibió el beneplácito del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El lunes, y sin que le preguntaran directamente sobre el asunto, Solbes advirtió sobre 'los intereses de un país que es propietario de esa empresa [en referencia a la italiana] y que no pueden dominar'. Solbes, que en el pasado ha criticado las 'asimetrías' del sector energético europeo (con grupos privados, como los españoles, que compiten con gigantes estatales, como Enel o la francesa EdF) tiene en su mano limitar al 3% los derechos políticos de Enel en Endesa, pero es muy improbable que lo haga porque la ley que le permite hacerlo (de 1999) ha sido declarada ilegal por Bruselas.
Prácticamente excluido el veto de los reguladores a la operación, esta sólo se enfrenta a un eventual escollo: la posibilidad de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) obligue a Enel a lanzar una opa por el 8% de Endesa que todavía cotiza en bolsa al precio pagado a Acciona. Serían unos 41 euros por acción, lo que supera con mucho la cotización de la eléctrica 24,6 euros. Para la italiana supondría un desembolso de otros 3.500 millones de euros que aumentaría todavía más su abultada deuda (unos 50.000 millones).
La agencia de calificación crediticia Fitch puso en vigilancia con perspectiva negativa los rating de Endesa y de Enel. La calificación de ambas se encuentra en A- a largo plazo (escalafón más bajo dentro de la calidad buena) y en F2 a corto plazo (calidad buena y algo sensible al entorno). Fitch evalúa a Enel y Endesa con la misma nota desde que en 2007 la primera tomara el 67% de la eléctrica.
Por otro lado, el PP anunció que pedirá a la CNMV que obligue a Enel a formular una opa de exclusión sobre Endesa para proteger a los accionistas minoritarios. La asociación Aemec está estudiando medidas jurídicas para lograr ese mismo objetivo.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, calificó de 'vergüenza que [Silvio] Berlusconi controle la luz de nuestros hogares'. Lo considera un 'despropósito' y un 'contrasentido', consecuencia, a su juicio, de haber 'adelgazado el Estado' con reformas fiscales regresivas, supresiones de impuestos y, a la postre, con la 'enajenación de todo lo que había público y que podía ser útil para el futuro', informa Juanma Romero.
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