Las principales organizaciones ecologistas han otorgado hoy un suspenso "claro" a la política medioambiental del Gobierno, que, consideran, con la excusa de la crisis está promoviendo políticas totalmente insostenibles, especialmente en materia de transporte y en el sector de la construcción.

Los responsables de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/birdlife y WWF han hecho un balance del primer año de legislatura y han coincidido en que el medio ambiente ha perdido gran parte del peso político que tuvo en la anterior etapa socialista, y en que la política ambiental ya no forma parte de las prioridades del Gobierno.

Los ecologistas han denunciado que en este primer año se han producido muy pocos avances en materia ambiental; más bien se ha caracterizado por un inmovilismo generalizado y, en ocasiones, por claros retrocesos, lo que, dicen, "es más preocupante".

El retroceso se ha reflejado también, según los ecologistas, en la política de información y comunicación, que se traduce en una clara falta de receptividad por parte del Gobierno, en particular, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como en una falta de transparencia.

A pesar de ello, la secretaria general de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, ha subrayado que las organizaciones ecologistas no se resignan y han elaborado un documento conjunto en el que hacen un llamamiento al Gobierno para que cambie de rumbo en su política ambiental, para lo cual proponen diez medidas concretas.

Entre ellas, destaca el cierre urgente de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que está "completamente agotada y con graves problemas de seguridad", según ha puesto de relieve el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Los ecologistas han denunciado la falta de transparencia de la que adolece la política energética del Gobierno y han sido especialmente críticos con Miguel Sebastián, que, señalan, permite que en el Ministerio de Industria "campen a sus anchas los 'lobbies' energéticos".

Así lo ha asegurado el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, quien ha señalado que las políticas del Gobierno carecen del impulso necesario en un año clave para la lucha contra el cambio climático, en el que se deberá acordar el post-Kioto en la Cumbre de la ONU, que tendrá lugar en Copenhague en diciembre.

En el documento, las cinco organizaciones piden la introducción de condicionantes ambientales y sociales en las medidas anticrisis que adopte el Gobierno.

A este respecto, Luis González, de Ecologistas en Acción, ha resaltado el impacto ambiental que está teniendo la apuesta del Ejecutivo por las autovías y la alta velocidad, olvidando el ferrocarril tradicional y la bicicleta.

Ello se traduce en la ausencia de una ley de movilidad sostenible, que repercute también en la mala calidad del aire, y en el apoyo financiero a la construcción, que hace que "se ayude con dinero público a los que deterioran el patrimonio natural".

Los ecologistas exigen la demolición urgente del hotel El Algarrobico (Almería), el abandono del proyecto de refinería en Tierra de Barros (Badajoz), "injustificable desde todos los puntos de vista", así como la retirada de los proyectos de la autovía Dos Mares (que une Cantabria con Castilla y León), "una auténtica barbaridad", y de la de Cáceres-Badajoz.

La falta de una política de aguas es otra de las preocupaciones de estas ONG que ha puesto de relieve el director ejecutivo de SEO, Alejandro Sánchez, quien ha exigido al Gobierno el abandono definitivo de la política de trasvases y la vuelta a la cultura del agua de la anterior titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Una moratoria para el cultivo del maíz transgénico Mon810, la creación de una reserva para el atún rojo en Baleares, "el mínimo que se puede pedir para salvar la especie", y la retirada del proyecto de Ley que permite la venta de construcciones en dominio público marítimo-terrestre son otras de las medidas propuestas.

Los ecologistas piden también la reforma del proyecto de Ley de modificación de la evaluación de impacto ambiental, una medida anticrisis que "vuelve a la vieja receta de que la mejor manera de crear empleo es favorecer las infraestructuras".

Esta medida, según Alejandro Sánchez, no solo es absolutamente negativa sino que puede vulnerar la normativa comunitaria.