Juan Díaz Alonso es alcalde del PP de un municipio de Ávila cercano al pueblo de los Díaz Ayuso. También es la persona que supuestamente estaría siendo investigada por su partido por haber filtrado información contra la presidenta de la Comunidad de Madrid debido a su amistad con Pablo Casado. Pero además aparece como administrador de una sociedad que tiene el mismo domicilio que la empresa que pagó al hermano de Isabel Díaz Ayuso al inicio de la pandemia. 

Priviet Sportive SL es el nombre de la empresa de Daniel Alcázar, el amigo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso y su hermano que pagó a este último más de 55.000 euros por gestionar el envío de mascarillas a la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia. Pero este no fue el único pago. En total, Priviet Sportive ingresó 283.000 euros en 2020 a Tomás Díaz Ayuso por su colaboración en este y otros tres contratos que según la actual presidenta de la Comunidad "nada tienen que ver con la Administración". Aquel año Priviet facturó 4,3 millones. Por lo tanto, la venta de mascarillas supuso un tercio de las ventas, siendo además esta operación la primera factura que la empresa emitió en todo en el año. Y fue en abril.

Esta sociedad de Daniel Alcázar se encuentra ubicada en el madrileño distrito de Carabanchel. Concretamente en la avenida Pedro Díez número 25, 3º izquierda, según consta en el Registro Mercantil y en la documentación referida al contrato con la Comunidad de Madrid.

En esa misma dirección, aunque también usa el 3ª derecha, Alcázar domicilia todas las sociedades que controla en Madrid. Se trata de una decena de firmas entre las que se encuentran algunas creadas en los años ochenta por su familia (primeramente en otra dirección de la capital) centradas en la producción y comercialización de patrones y otros productos textiles. Pero también hay otras empresas de más reciente creación.

De las primeras, las familiares, varias están inactivas. Y las segundas, las más recientes, han sido creadas por el propio Alcázar a partir de 2007 con muy diversos objetos sociales: desde la distribución de cosmética hasta compañías creadas ex profeso para lanzar nuevos negocios junto a Manuel Muñiz Morell. Ambos forman parte del equipo de Pinama Inversiones SL e impulsaron juntos una web para ropa de marca junto al modisto Roberto Torreta y otro negocio de actividad por determinar, Fast Best & Commerce SL, que coincide con el tiempo en que Muñiz puso en marcha una empresa de bicicletas eléctricas junto a Óscar Leyva, que, a su vez fue, según una de las scoiedades proveedoras de los suministros, el que gestionó como intermediario de la Comunidad de Madrid más de la mitad de los aviones que traían material sanitario de China al inicio de la pandemia, en las llegadas a Barajas.

Como puede observarse en la tabla que aparece tras este párrafo, Daniel Alcázar figura con cargos en todas las empresas que se domicilian en avenida Pedro Díez, 25, 3ª izquierda, salvo en una: Drop Anchor SL, que se pone en marcha el 13 de enero de 2017 por la vía de comprar una empresa preconstituida a Companies Intra Legem SL, la firma de venta de sociedades urgentes de Vanessa Durán Mesas, a la que también recurre Alcázar para crear Fast Best & Commerce SL con Manuel Muñiz Morell.

De administrador único en Drop Anchor SL no se coloca Alcázar sino Juan Díaz Alonso, el alcalde de Higuera de las Dueñas (Ávila) desde 2015 que supuestamente está siendo investigado por el PP por filtrar las informaciones contra Ayuso debido a su amistad con Pablo Casado. Es decir, las sociedades que gestiona Daniel Alcázar en Madrid, entre las que se encuentra Priviet Sportive SL, y la empresa que administra Díaz Alonso (Drop Anchor SL) tienen el domicilio en la misma dirección de Madrid. Sobre la investigación, el Partido Popular ha emitido un comunicado en el que niegan que se esté llevando a cabo ningún tipo de indagación. Por su parte, Díaz Alonso, a preguntas de este diario, ha trasladado que "Drop Anchor era una sociedad personal, que no tiene nada que ver con este tema". También ha añadido que "se puede ver toda la información en el Registro Mercantil y es una sociedad sin actividad ahora mismo".

El municipio abulense de Higuera de las Dueñas está a tan sólo 7,4 kilómetros de Sotillo de la Adrada, el pueblo de la familia Díaz Ayuso y del cual fue teniente de alcalde el tío de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Francisco Díaz Álvarez.

Pero hay más conexiones de Juan Díaz Alonso con el PP. Por un lado, varias personas con las que ha contactado Público, y tal como recogen otros medios, afirman que tiene una estrecha relación con Pablo Casado, y además es el marido de Gema Ruiz, la exmujer de un exministro de Aznar, el asturiano Francisco Álvarez Casos, y a la boda asistió Daniel Alcázar.

De Sotillo de la Adrada también era el que fuera pareja de la presidenta madrileña hasta hace pocos años, Jairo Alonso Esteban, empresario del sector de peluquerías, exdirector comercial y de marketing de la conocida cadena de peluquerías Rizos, en cuyos bolos promocionales participó Gema Ruiz, la mujer de Díaz Alonso. Alma Corporation, la holding con la que los los hermanos Fernández Luengo controlan las cadenas, hizo donaciones en la pandemia.

A la pesca de subvenciones y compra de unidades productivas en concursos

Díaz Alonso es descrito en la prensa del corazón con los rimbombantes adjetivos de "banquero" y empresario. Por "banquero" debe entenderse un trabajo por cuenta ajena en Bankia dentro de la división de Banca Privada, la que presta atención personalizada a los grandes patrimonios. Su trayectoria "empresarial" comienza a partir de enero de 2017: figura, bien como "socio único" o "administrador único", en varias compañías que no presentan cuentas y que en el mejor de los casos se crean para acoger la participación en un proyecto en compañía de otras personas. Al menos uno de esos proyectos presenta un oscuro desarrollo: una piscifactoría en Cantabria, en el municipio de Val de San Vicente.

Es el proyecto en el que participa Drop Anchor SL que, creada con 3.000 euros, suscribe el 18 de enero de 2017 una ampliación de capital para hacerse, junto a otros cuatro socios que también acuden a la ampliación, con el 100% de Sonrionansa SL, una sociedad que había sido constituida por una empresa del grupo acuícola Naturix propiedad de Francisco Javier Villareal. En la operación Drop Anchor se hace con el 10%, porcentaje que al término de 2018 se diluye al 8,51%.

Sonrionansa se había creado por Naturix Iniciativas SL en noviembre de 2016 para comprar en diciembre de ese mismo año la concesión pública e instalaciones de la piscifactoría de Val de San Vicente (Cantabria) que ofertaba la administración concursal (Forensic Solutions SL) de la ya extinta sociedad acuicultora Grupo Tinamenor, que en esas fechas se liquidaba tras un concurso solicitado en 2015 y de gran repercusión, que afectó tanto a los trabajadores como a la economía de la zona.

Pero la gestión de los nuevos dueños de la piscifactoría volvió a acabar en drama apenas dos años después. En julio de 2019 los administradores de Sonrionansa SL solicitaban de nuevo un concurso y los 60 trabajadores  que en ese momento trabajaban en la piscifactoría de Val de San Vicente acaban de nuevo sin un salario que llevar a casa. A día de hoy quedan aún 10 trabajadores por cobrar del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un cobro que está pendiente de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que deberá emitirse en los próximos días.

El nuevo concurso sigue a múltiples irregularidades descritas tanto por los trabajadores y sindicatos como por la Agencia Tributaria. De hecho, esta última, en febrero de 2020, tiene que corregir a la administración concursal que hasta entonces no veía anomalías, desvelando un rosario de irregularidades: ampliaciones simuladas para obtención de subvenciones europeas así como salidas de tesorería hacia los socios.

A todo ello se une el cuadro indiciario observado por Público en las cuentas de la empresa, con el que concuerdan personas conocedoras de lo sucedido de primera mano: los nuevos dueños (Naturix y los siguientes) apenas ponen dinero y la mayor parte de los supuestos 5 millones de inversión -contabilizados y prometidos en el proyecto que justifica la cesión de la piscifactoría por 60.000 euros a la sociedad en la que veinte días después entra Drop Anchor SL y los otros nuevos socios-, no fueron más que el reflejo de la incorporación al balance de Sonrionansa del valor de mercado de la "unidad productiva" adquirida, tal y como dispone el plan contable que se debe hacer cuando se adquiere algo por debajo de su valor de mercado (normas contables sobre "combinación de negocios").

A esta segunda debacle de la piscifactoría de Val de San Vicente contribuyó el hecho de que el socio experto en acuicultura, Francisco Javier 'Curro' Villarreal, el dueño de Naturix -que es a la que se vende en diciembre de 2016 el 100% del negocio por esa cantidad-, desaparece al poco dejando la empresa en manos de gente sin experiencia en el sector: los nuevos socios a los que se da entrada en enero de 2017 y entre los que se encontraba Drop Anchor SL.

En opinión de las personas conocedoras de los hechos, la entrada de la sociedad que administraba Díaz Alonso (Drop Anchor SL) y la de los otros socios en la planta, pudo tratarse de una operación que no buscaba desarrollar un negocio sino que, más bien, se perseguía el acceso a subvenciones y a préstamos subvencionados a los que la piscifactoría podía optar: los préstamos Enisa del Ministerio de Industria y las subvenciones públicas europeas (fondos FEDER entre otras) que se asignaron al sector de acuicultura de la zona. Tras la operación de entrada, la nueva administración de la piscifactoría enseguida solicitó y obtuvo por esta vía más de 1,5 millones de euros.