De las tres mesas en las que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se sienta para tratar de alcanzar un gran pacto educativo: política, social y autonómica, la que más estabilidad puede aportar a la alianza es la que reúne a los 17 consejeros de Educación. De momento, sólo cinco de ellos ofrecen garantías.

El pacto social con los agentes de la comunidad educativa (sindicatos, padres y docentes, entre otros colectivos) dotará de contenido al acuerdo. Y el pacto político con las fuerzas parlamentarias, sobre todo la oposición, dotará de continuidad al marco legal que arroje. Pero lo definitivo para que el pacto luego se cumpla es el parabien autonómico.

Gabilondo y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cabezas visibles de la negociación, quieren poner punto final a la sucesión de 'bandazos' en la política educativa española, que ha vivido 'demasiadas' leyes de educación. No obstante, con la política educativa transferida, el apretón de manos de Gabilondo y Cospedal al final del proceso será poco más que una foto sobre papel mojado si las autonomías siguen a la gresca con este asunto cada vez que cambian de Gobierno.

El Constitucional admitió ayer el recurso del PP contra la LEC

Los casos actuales de Galicia y País Vasco así lo demuestran. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Patxi López han apostado por dar un vuelco a su sistema educativo antes de cumplir siquiera el primer año de mandato. En la actualidad, sólo cinco autonomías tienen vigente un pacto que pueda garantizar cierta continuidad de sus políticas de enseñanza: Cantabria, Extremadura, Navarra, Murcia y Catalunya.

Otras tratan de sumarse ahora, estimuladas por la iniciativa del Ejecutivo central, como Canarias o Aragón. En esta última ya se ha redactado un anteproyecto de Ley de Educación, que espera aprobarse a finales de 2010. La actual secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, lanzó el proceso para la redacción de esta ley cuando era consejera de Educación aragonesa.

Varias autonomías buscan sus pactos tras la iniciativa de Gabilondo

El presidente castellano-manchego, José María Barreda, anunció hace un mes que su Gobierno elaborará una ley para su región y que pretende que 'sea fruto del consenso y la unanimidad'. Sólo tres autonomías cuentan con una ley de enseñanza propia: Catalunya, Andalucía y Cantabria.

El PP ha manifestado varias veces su rechazo a redactar leyes educativas autonómicas. El consejero de Educación de la Región de Murcia, Constantino Sotoca, del PP, lo justifica: 'Las leyes autonómicas, si introducen elementos de desvertebración nacional, tienden a ser negativas'.

El pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley de Educación de Catalunya (LEC). ERC, ICV y CiU ya habían manifestado que este recurso podría convertirse en un obstáculo insalvable para el pacto. No obstante, Sotoca sentencia que 'el papel de las autonomías es decisivo, absoluto' y se muestra convencido de que los pactos regionales son la única forma de abordar el 'presente y futuro' del sistema educativo.

El de Murcia es el único Gobierno regional del PP que ha liderado un pacto territorial educativo con todas las fuerzas políticas y agentes del sector. 'Cuando te sientas con 27 organizaciones para alcanzar un pacto histórico, ir con ideas preconcebidas es un error. Toda la comunidad educativa coincide en qué es lo que debemos mejorar: abandono y fracaso escolar, reforzar la FP, la atención a la diversidad... Si toda la comunidad no se ve reflejada en el pacto, no tendrá recorrido', concluye Sotoca.

La consejera de Educación extremeña, Eva María Pérez, del PSOE, coincide con su homólogo murciano en que las fuerzas políticas están de acuerdo en el 90% de las medidas a adoptar: 'Al lanzar el debate, en 2007, tanto en el PSOE como en el PP manifestamos la voluntad inequívoca de aferrarnos a lo que teníamos en común'.

Pérez concluye: 'Las cuestiones que generan discrepancias son siempre, sin lugar a dudas, cuestiones menores. Cuando tratamos de librar la batalla contra el fracaso escolar, la polémica por una materia concreta [Educación para la Ciudadanía] se muestra como un debate ficticio'.

La consejera extremeña cree que los objetivos de su hoja de ruta fueron similares a los del ministro Gabilondo. Por eso, opina que un gran pacto estatal es 'más que posible'. 'Todos nos vamos a dejar pelos en la gatera. Al margen de los antagonismos ideológicos, hemos de tener altura de miras', defiende Pérez.