Fractura. Es la herida que ha provocado en los europarlamentarios la controvertida directiva de retorno de inmigrantes en situación irregular sobre la que hoy se pronunciará el Parlamento Europeo. La incertidumbre no se despejará hasta el final de la sesión porque los grupos políticos han presentado un total de 104 enmiendas al texto. Si se incluye algún cambio, la directiva deberá regresar al Consejo porque debe aprobarse en codecisión entre ambos órganos.

Sin disciplina de voto y con unos grupos parlamentarios compuestos por partidos de diversos países, el resultado de la votación sobre las modificaciones es incierto. De momento, la directiva tiene el apoyo del Partido Popular, que la considera 'un paso adelante', y en una mayoría de los liberales, que la ven imperfecta pero en una 'dirección adecuada'. Ambos, junto a la Unión Europea por las Naciones, únicos que no han presentado enmiendas, tienen mayoría para sacar adelante la norma. El socialista es el grupo más dividido. Los parlamentarios de los países donde el PSOE está en la oposición se niegan a respaldar la mano dura contra los inmigrantes que promueven los gobiernos conservadores.

Así, las dudas sobre su conveniencia no emanan sólo de las organizaciones de inmigrantes, que le han dado el sobrenombre de directiva 'de la vergüenza'. Los socialistas europeos quieren cambios en el texto acordado por los 27 países de la Unión Europea el 5 de junio para dar más garantías a los inmigrantes.

Una de las principales banderas que defenderán será reducir de 18 a 6 meses el plazo máximo de retención en centros de internamiento. Actualmente, en siete de los 27 países los pueden retener sine die. Además, abogan por centros de internamiento específicos para menores. Los Verdes e Izquierda Unitaria exigen la retirada de la directiva.
En defensa de la norma salió ayer el nuevo comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot. 'Permite luchar contra la explotación de los niños y proteger a las personas en situación irregular', dijo. Desde el Consejo de Europa, el ministro de Interior esloveno, Dragutin Mate, advirtió sobre las consecuencias del rechazo. A su juicio, frenaría otras normas sobre derechos de residencia y trabajo.

La directiva, que entraría en vigor en 2010, promueve el retorno voluntario: ofrece al sin papeles entre 7 y 30 días para volver a su país. Si se niega, podrá ser retenido en un centro de internamiento de extranjeros (CIE). Por lo tanto, detrás de esa oferta, hay un posible encierro de 6 meses, ampliable hasta 18 si la persona o el país de origen no cooperan. Cada país es libre de fijar el plazo (en España es de 40 días), siempre por debajo del máximo europeo. Las órdenes de encierro temporal las dictarán jueces o administraciones y los expulsados no podrá regresar a la UE en cinco años.

Mientras el Parlamento se decide, las ONG continúan su pelea. Simpatizantes de la parroquia madrileña San Carlos Borromeo se manifestaron anoche ante la Comisión en Madrid durante el plazo de reflexión previo a la votación.