La sentada de Green Peace en el tejado del Parlamento británico ha marcado el comienzo del curso de los diputados del Reino Unido. Los parlamentarios vuelven hoy a Westminster, cinco meses después de que el escándalo sobre las dietas destapado por el diario The Daily Telegraph removiera los cimientos de la política británica. Los partidos mayoritarios sufrieron la mayor crisis política en un siglo. Se sucedieron las dimisiones tanto en el Gobierno como en la oposición y hasta el presidente del Parlamento renunció a su puesto por primera vez desde 1695. 'Change politics, save the climate', rezaba la pancarta que desplegaron los ecologistas esta mañana. Desafortunadamente para los británicos, en lo último que piensan a estas horas los diputados es en el calentamiento global.

Sir Thomas Legg ha realizado una auditoría del estado de las cuentas del Parlamento desde el año 2004, que incluye una lista de los diputados que deberán devolver dinero a las arcas públicas. Pero lo que en principio es una medida para limpiar la reputación de los políticos, tiene visos de acabar en una nueva tormenta.

Esta mañana,  el primer ministro, Gordon Brown, ha acusado a Legg de haber reinventado las normas que hasta ahora regían las cuentas del Parlamento y de excederse en las conclusiones de su informe. Brown dijo que parecía que había ido aplicando 'nuevas reglas' sobre la marcha en lugar de dedicarse a hacer un informe exhaustivo.

Según el Telegraph, hasta 500 diputados, entre los que se encuentra el propio Brown, deberán devolver dinero al Estado. Un portavoz del Parlamento dijo esta mañana que los parlamentarios 'no aceptarán de ninguna manera' las exigencias de Legg. Para echar más leña al fuego, el ministro de Empresa, Lord Peter Mandelson, ha salido en defensa de los diputados diciendo que entendía 'las quejas'.

Para poner un ejemplo de qué tipo de gastos se les está pidiendo que devuelvan sólo hay que echar la vista atrás. Los diputados británicos tienen derecho a pasar facturas a la Oficina de Gastos del Parlamento por el dinero invertido en cosas que sean necesarias para desarrollar su labor política. Pero cuando el Telegraph empezó a destapar gastos como que el primer ministro había pagado 6.000 libras por la niñera de su hermana; que el diputado Tory Sir Peter Viggers, se construyó una casa para patos con dinero público; o que el líder de la oposición, David Cameron pasó también la factura de una pista de tenis, entonces las cosas cambiaron.

El mayor agujero en el sistema de cuentas del Parlamento estaba en el negocio inmobiliario. Los diputados tienen derecho también a tener dos viviendas, una en Londres, donde está el Parlamento, y otra en la circunscripción a la que representan en Westminster y a emitir facturas con parte de los gastos de ambas casas al erario público. Con las revelaciones del Telegraph se demostró que la gran mayoría de los parlamentarios se dedicaban a hacer negocio con sus segundas viviendas, comprando y vendiendo casas y cargando el pago de las hipotecas a Westminster.

Algunos diputados, entre los que se encontraban pesos pesados del Gobierno, llegaron incluso a cargar a la Oficina de Gastos los costes de los asesores que contrataron para hacer sus declaraciones de la renta. Con la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial haciéndole la vida imposible a los británicos, la corrupción del Parlamento escandalizó a la opinión pública, que focalizó sus iras en el Gobierno durante las elecciones europeas.

Pero con este tipo de declaraciones, Brown y sus ministros lo único que van a conseguir es seguir hundiéndose en las encuestas y que el propósito de cambiar la política se quede en nada. Tanto el primer ministro como Mandelson, trataron de suavizar sus declaraciones instando a los diputados a pagar lo que les pide Legg sin rechistar, aunque las palabras de este tipo hace tiempo que no valen de nada para los británicos.

El curso empieza tal y como acabó en el Reino Unido: con la clase política decepcionando a los ciudadanos por no ser capaz de reconocer sus errores. Quedan ocho meses para las próximas elecciones generales, el país tiene una deuda pública de 175.000 millones de libras y no acaba de salir de la recesión. Lo que menos le interesa a Brown ahora es volver a esconder la cabeza y negarle a la ciudadanía el cambio radical que reclama.