En el año 1999, la Generalitat aportó 422.000 euros al Palau de la Música, a través del Consorci, donde también figuraban otras administraciones. Ese mismo año, la Fundación del Palau de la Música-Orfeó Català suscribió un convenio con la Fundación Trias Fargas, próxima a Convergència Democràtica, partido a la sazón en el Govern, en virtud del cual le aportaba 60.101 euros para actividades culturales. Esa operación se repitió los años 2002 y 2003, cuando la Generalitat aportó 547.400 euros y 636.600 euros, respectivamente. Fèlix Millet firmó esos años convenios con el think tank convergente por valor de 90.151 y 120.000 euros.

Si ya de por sí es muy discutible que una fundación ligada a un partido reciba dinero de una entidad cultural que, a su vez, tiene financiación pública, aún resulta mucho más grave que esa formación sea responsable de la concesión de los fondos públicos. La mera sospecha de un circuito de ida y vuelta del dinero público, que sale de la Generalitat con fines aparentemente culturales y luego vuelve en un 15% o 20% a una fundación próxima al partido que gobierna, es motivo necesario para una reforma legal que impida algo semejante.

A pesar de este escándalo, a día de hoy, CDC continúa sin enseñar los convenios que firmó con Millet, sin explicar cómo gastó ese dinero y aferrada al discurso de que todo lo que hizo fue legal y el dinero fue declarado a Hacienda.

Pero en este caso no se trata de legalidad. También hasta 2005 eran legales las donaciones anónimas a partidos y se prohibieron porque eran fuente de corrupción. Desde el momento en que Millet se ha revelado como un estafador que utilizaba el dinero de otros en beneficio propio, esos convenios están bajo sospecha. Por eso, CDC no tendrá más remedio, tarde o temprano, que devolver un dinero de origen tan irregular. Artur Mas dijo ayer que está dispuesto a abordar la cuestión, en contra de otros miembros del partido. Quizá porque intuye que la tormenta Millet no va a amainar.