En una disciplina tan acientífica como la economía, tan presta a explicar el pasado como incapaz de predecir el futuro, sorprende la unanimidad con la que, sea cual sea el sesgo ideológico del experto al que se consulte, se adjetiva al concepto de productividad: 'ambiguo', 'una palabra tan amplia que abarca todo y nada', 'un baremo complicado de medir' son algunas de las respuestas. Por ello, no es extraño que no exista una estadística fiable para comparar el nivel de productividad de los distintos países. La encuesta más conocida, la que elabora el Foro Económico Mundial (encargado de organizar el Foro de Davos), sitúa a España en el puesto número 42 del ranking mundial, por detrás de países como Puerto Rico, Bahrein u Omán.

El estudio, al que el economista Alberto Montero no concede 'ninguna credibilidad', se basa en encuestas de opinión a altos directivos de los distintos países, que responden sobre cuestiones tan diversas como el comportamiento ético de los políticos, la opinión sobre el sistema de contratación o despido o la seguridad jurídica. A escala doméstica, las dos estadísticas más relevantes para medir la competitividad en España son las que elaboran, respectivamente, el Banco de España y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Esta última, la más conocida, es el índice de tendencia de la competitividad (ITC), que, tomando en cuenta múltiples variables (como los precios de exportación, la inflación, las cuotas mundiales en comercio exterior o la balanza comercial), permite comparar la posición de España respecto al conjunto de la UE y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En ambos casos, se observa un deterioro continuado de la posición de España desde el año 2007. No obstante, fuentes de la Administración comercial (responsable de elaborar este indicador) recuerdan que el ITC no recoge factores que afectan a la competitividad y que 'no se pueden medir', como la calidad de los productos.