Diez personas, entre ellas siete empresarios, han sido detenidas en la provincia de Alicante por su presunta implicación en un entramado de sociedades que defraudaron más de tres millones de euros mediante facturas falsas, blanquearon capitales y realizaron contratos ficticios a inmigrantes.

Fuentes policiales han indicado hoy que, al menos, hay diecisiete mercantiles supuestamente relacionadas con el negocio de las facturas falsas y han señalado que a los empresarios arrestados se les imputan los presuntos delitos de falsificación de documentos y contra la Hacienda Pública.

La Policía Nacional acusa al resto de los detenidos de los delitos de estafa, simulación de delito, falsificación de ofertas de trabajo, contra los derechos de los trabajadores (favorecimiento de la inmigración ilegal) y apropiación indebida.

Las detenciones se produjeron el pasado lunes tras cinco meses de investigación y los arrestados, todos ellos de nacionalidad española y sin antecedentes policiales, han pasado a disposición del juzgado de guardia de Benidorm, mientras continúan las pesquisas para tratar de esclarecer los hechos.

Las investigaciones policiales comenzaron sobre un taller de venta y reparación de motocicletas de Benidorm, donde, bajo la apariencia de un negocio legal, se "escondía un punto de fraude de tarjetas de crédito", ya que su propietario, en connivencia con los falsificadores, admitía sus duplicados para efectuar transacciones económicas.

Además, el local servía a los responsables para la comisión de numerosas estafas a sus clientes, quienes acudían al taller para comprar un vehículo y pagar por él, pero que nunca llegaban a poder disponer del mismo porque los delincuentes alegaban, en ocasiones, retrasos en las entregas de las motocicletas.

Los agentes descubrieron también que los responsables de ese establecimiento empleaban otras sociedades a su nombre para la regularización ilegal de inmigrantes, quienes, previo pago de cantidades que variaban entre los 500 y los 1.000 euros, obtenían ofertas y contratos ficticios de trabajo a través de una asesoría de Benidorm.

Esa asesoría no sólo formalizaba los trámites de extranjeros, sino que, además, albergaba un entramado de empresas cuyo único fin era defraudar a la Hacienda Pública.

Para ello eran utilizadas empresas ficticias, las cuales confeccionaban facturas falsas por servicios que nunca llegan a realizarse y materiales que tampoco eran entregados, y en caso de serlo, en cantidades muy inferiores a las que constaban en las facturas.

De esa manera, los empresarios evitaban pagar el Impuesto de Sociedades y el IVA, por lo que, según las primeras estimaciones, el fraude podría superar los tres millones de euros.

Asimismo, varios de los arrestados están supuestamente incriminados en un presunto delito de blanqueo de capitales, ya que, al parecer, "limpiaban" dinero de procedencia no declarada o ilegal con la compra de cupones premiados en el sorteo de la ONCE.