La necesidad y la desesperación no entienden de pandemias. La llegada de pateras a las costas españolas no se ha detenido durante el Estado de Alarma, aunque el destino de esas embarcaciones cargadas de migrantes ha sido casi exclusivamente Canarias, a cuyas costas llegaron 18 embarcaciones con 552 personas —la mayoría de origen subsahariano—, entre el 20 de marzo y el 5 de abril. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya ha advertido de que un nuevo flujo de pateras como el que se produjo en esa quincena desbordaría el sistema de acogida de esa comunidad, donde, a causa del Covid-19, están cerrados los CIES y suspendidos los traslados a la península y las deportaciones.

El mundo está medio parado por la pandemia del coronavirus, muchas fronteras han sido cerradas, apenas viaja nadie y toda España vive confinada, pero, aun así, las rutas migratorias clandestinas siguen abiertas, aunque a una menor escala y con variaciones en los destinos. Las rutas del Mediterráneo —la del Estrecho y la del Mar de Alborán— apenas han registrado movimientos de pateras en el último mes, pero no así la de Canarias, la más peligrosa, por ser la de más largo recorrido, que llegó a registrar una media de llegada de 21 personas por día una semana después de que se declarase el Estado de Alarma.

Esa media diaria de llegadas de migrantes supone un incremento muy notable con respecto a la que se registró en la primera mitad de 2019, que fue de dos personas por día, promedio que luego fue creciendo paulatinamente el resto del año hasta alcanzar las 18, según el portavoz de CEAR en Canarias, Txema Santana. Y esa línea ascendente se ha mantenido en 2020, ya que entre enero y marzo ha aumentado un 753% con respecto al mismo periodo del año anterior —de 173 a 1.477— el número de migrantes que han llegado por vía marítima de forma clandestina a las islas, tal como refleja la última estadística del Ministerio del Interior. Esa misma estadística constata que las llegadas en la ruta migratoria del Mediterráneo, en cambio, han bajado un 44%.

CEAR, sin embargo, no encuentra aún una explicación a los ritmos del flujo migratorio hacia Canarias durante la vigencia del estado de alarma en España, porque ni en la quincena anterior ni en la posterior a la reseñada del 20 de marzo a 5 de abril llegaron embarcaciones con migrantes a sus costas. Ni una sola. "No sabemos cómo está afectando realmente a las rutas migratorias el cierre a causa de la pandemia. Tendremos que ir viendo cómo evoluciona la situación en las próximas semanas", señala Txema Santana, quien aventura que, tal vez, los traficantes que manejan las rutas dieron salida en esa quincena punta a personas que ya llevaban tiempo esperando escondidas en los puntos de partida: Tan Tan, en el sur de Marruecos; Dajla, en Sahara Occidental; y Nuadibú, en el norte de Mauritania, fundamentalmente.

El aumento del tráfico en la ruta migratoria atlántica hacia Canarias comenzó el pasado verano casi a raíz del reforzamiento de los controles del Gobierno de Marruecos sobre la salida de pateras de sus costas tras llegar a un acuerdo de cooperación con España. Ese mayor control se dejó notar en el Mediterráneo, en las rutas con destino a las costas andaluzas —tal como reflejan los datos de Interior—, pero no así en otros puntos como Tan Tan o Dajla, también bajo control marroquí, desde donde las barcas cargadas de migrantes deben hacer travesías mucho más largas, de varios días, para alcanzar suelo europeo. Esa mayor peligrosidad se visualiza en tragedias como la del pasado 3 de abril, cuando fallecieron 43 personas en una patera que naufragó en el trayecto hacia la costa canaria. En 2019, esa misma ruta se tragó la vida de 170 personas, según datos de la Organización Internacional para Migraciones (OIM).

Y cuando llegan a tierra, la situación es bastante complicada, con un país confinado a causa de la pandemia y muchos recursos indisponibles. En Canarias, están cerrados los dos CIE en los que se interna a migrantes indocumentados mientras se resuelve su destino y se han suspendido los traslados a la península y las deportaciones. Son las organizaciones humanitarias las que se han hecho cargo del acogimiento de estas personas en diferentes instalaciones, pero CEAR ya ha advertido de que esta red asistencial se quedaría desbordada si se produjera una nueva llegada de pateras como la que se registró entre el 20 de marzo y 5 de abril.

Pero no sólo preocupa la falta de recursos para atender a muchas más personas, también las organizaciones humanitarias canarias temen la reacción de una parte de la población, castigada severamente por un confinamiento que ha dejado sin trabajo y sin ingresos a un sector tan básico de esta comunidad como es el turístico. Hay temor, según Santana, a que esa grave situación económica pueda traducirse en muestras de rechazo hacia las personas migrantes que llegan en el peor momento de la población local.

Pocas llegadas, pero muchos problemas en Andalucía

Las rutas migratorias marítimas que acaban en la costa andaluza se han quedado prácticamente vacías durante el estado de alarma —sólo cuatro personas fueron interceptadas en la segunda quincena de marzo, según los datos de Interior—, pero las organizaciones humanitarias de esta comunidad no dejan por ello de estar preocupadas. El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, señala que la "situación de estas personas es tan desesperada" que ni siquiera se detienen ante una pandemia como la del Covid-19 y recurren a otras rutas, como la de Canarias, para llegar a la UE, a pesar de ser mucho más larga y peligrosa.

La pandemia, además, según Morales, está causando graves problemas colaterales a la población migrante que ya reside en Andalucía, como los que padecen los temporeros que viven en asentamientos de chabolistas en los pueblos freseros de la provincia de Huelva sin apenas recursos para protegerse del coronavirus, o los trabajadores que se han quedado sin empleo en pueblos y ciudades y disponen de muy pocos medios para subsistir durante el largo confinamiento.

Andalucía Acoge acusa al Gobierno andaluz de no haber aportado aún soluciones para mitigar la grave situación que atraviesan cientos de familias migrantes en esta comunidad, soluciones que, a su entender, deberían de llegar fundamentalmente a través de la aportación de fondos especiales para la atención social de estas personas y un cambio en el enfoque de la educación basada únicamente durante el confinamiento en una vía telemática de la que carece en menor o mayor medida una buena parte de la población extranjera, al igual que la española que sufre la denominada brecha digital a causa de sus escasos ingresos económicos.

La falta de ayuda de la Junta de Andalucía llega al extremo, según José Miguel Morales, de que ni siquiera ha aportado material de protección a los equipos de organizaciones como Andalucía Acoge que están llevando a cabo tareas de atención social de emergencia a colectivos vulnerables que le correspondería realizar a la Administración autonómica.

Esa atención social trata de aliviar, asegura Morales, la grave situación que están atravesando muchas familias residentes en Andalucía, que se han quedado sin trabajo y sin dinero para pagar el alquiler de la vivienda, para comprar comida, porque en muchos casos tenían contratos laborales muy precarios por los que ahora pueden percibir prestaciones de desempleo muy pequeñas, o simplemente carecían de contrato y no tienen derecho a ninguna ayuda. "A medida que se alarga el confinamiento, la demanda de atención social está creciendo más y más", advierte el responsable de Andalucía Acoge.