Las denuncias que han dado lugar a inspección de contribuyentes por fraude fiscal han aumentado este año alrededor del 50%, al pasar de una media de algo más de 600 en los tres últimos ejercicios a casi 1.000 en lo que va de 2012. Así lo ha destacado Hacienda en un encuentro informativo sobre el fraude fiscal, en el que ha incidido en que este crecimiento de las denuncias es debido principalmente a que los contribuyentes tienen una mayor conciencia fiscal 'que hace que siente peor que alguien cometa fraude'.

Las denuncias sobre fraude fiscal en 2009 fueron 640; en 2010, 610; y en 2011, 646; frente a las 997 en lo que va de este año. Fuentes de Hacienda han subrayado el crecimiento de las denuncias en 2012 pero también han hecho hincapié 'en su solidez y en su sustento'. Según Hacienda, la posibilidad de que esas denuncias terminen en sanción es prácticamente del 100%. Asimismo, ha señalado que el perfil del denunciante es el de alguien que conoce bien la actividad en que se está produciendo el fraude, si bien ha advertido de que no siempre está implicado en él.

En cuanto a la ley del fraude, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha recalcado que es la más ambiciosa de la democracia y ha añadido que pretende combatir los nuevos espacios de fraude y de economía sumergida. En su opinión, la ley traslada el mensaje de que el Gobierno está fuertemente comprometido en la lucha contra el fraude.

La ley ha entrado hoy en vigor salvo la limitación de los pagos en efectivo a menos de 2.500 euros para operaciones entre empresas y profesionales, que lo hará el 19 de noviembre. Hacienda ha informado de que esta demora se debe a que la experiencia internacional hace preferible que se dé tiempo a los comercios para que se adapten a la nueva medida en cuanto a la organización de sus facturas.

Las mismas fuentes de Hacienda han asegurado que en la obligación de informar sobre cuentas bancarias situadas en el extranjero puede que se fije un límite de 50.000 euros y no de 20.000 como estaba previsto.

Por otra parte, no han querido informar sobre la evolución de la regularización de activos ocultos, conocida como amnistía fiscal, por entender que se debe esperar a que acabe el plazo, el 30 de noviembre. Se basa para ello en que normalmente los tributos se suelen pagar el último día del periodo voluntario y que lo habitual es que la regulación se produzca al final del periodo. Por otra parte, Hacienda ha afirmado que no contempla que la deducción fiscal por vivienda se elimine también con carácter retroactivo.

La ley antifraude obliga a informar sobre cuentas, valores e inmuebles en el extranjero y acaba con la tributación por módulos para profesionales como albañiles, fontaneros o carpinteros. Asimismo, se perdonará la sanción al contribuyente que denuncie los hechos.

La norma fija la obligatoriedad para todos los contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados. Se incluyen todo tipo de títulos, activos, cuentas en entidades financieras así como valores o seguros de vida y bienes inmuebles.

El incumplimiento de esta nueva obligación de información llevará aparejado un régimen sancionador propio a razón de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros. Además, las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos. El Ministerio de Hacienda ha elaborado un vídeo en el que explica los principales aspectos de la ley para que los contribuyentes tengan un mejor conocimiento de ella.