La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reprendido a la alcaldesa del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Quijorna, Mercedes García (PP), por permitir el que el pasado octubre se celebrarse un mercadillo 'de carácter militar' en el colegio público Príncipes de Asturias. En el rastrillo se exhibían y vendían objetos de época predemocrática que hacían apología del franquismo y del nazismo, un hecho que también investiga la Fiscalía.

Becerril ha respondido a la queja y alegaciones que interpuso la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) del sindicato UGT de Madrid, que consideró el evento como un  'mercadillo de exaltación fascista en un colegio público', al igual que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento . En su respuesta informa de que, según la Consejería de Educación de Madrid, la dirección del colegio nunca tuvo comunicación de este acto que 'se desarrolló fuera de horario escolar y en un día no lectivo' y asegura que el función de la institución que representa 'intentar evitar que en el futuro vuelvan a realizarse por el Ayuntamiento actividades, especialmente en un colegio público'.

Becerril ha recordado a la regidora de Quijorna que entre sus deberes legales está el de 'informar con antelación a los grupos municipales de las actuaciones relevantes'.

La Institución también le recuerda a García que la ley le obliga a retirar los objetos conmemorativos de exaltación de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura y prevenir la realización de actos en cuyos objetivo se encuentre su exaltación;  informar con antelación a la dirección del centro educativo de los usos no docentes de las instalaciones y dependencias del colegio y, por último, informar también a los grupos municipales de las actuaciones con antelación para su control en el Pleno.

Por su parte, UGT cree que la alcaldesa Mercedes García 'no debería ocupar un cargo público' tras organizar este mercadillo, haber protagonizado el acto de 'Homenaje a los Caídos por Dios y por España' del pasado día 29 de septiembre y haber defendido todas esta actuaciones 'pública y políticamente, mediante una moción en el Pleno del Ayuntamiento y el escrito de alegaciones al Defensor del Pueblo'.