El Defensor del Pueblo denuncia en su informe anual las disfunciones que provoca en casi todos los ámbitos de la Justicia la escasez de medios materiales y humanos, y expresa su temor a que, frente esta situación, medidas como las de agilización procesal limiten las garantías de los ciudadanos.

Ante la evidente disminución de los recursos públicos disponibles para cubrir los gastos de la Administración de Justicia -advierte el Defensor del Pueblo- resultaría una equivocación acudir a reformas legales para intentar solucionar todos los problemas.

En este sentido, expresa su preocupación por las consecuencias negativas que reformas como las contenidas en el proyecto de ley de agilización procesal pueda tener para la sociedad ya que teme que puedan limitar las garantías de los ciudadanos ante la Justicia.

Por ello, considera que debería evitarse "avanzar hacia un escenario en el que, sin haber resuelto los problemas de cobertura de las necesidades materiales del sistema judicial, se hubiera al mismo tiempo minorado el número de recursos jurídicos de los que hoy dispone la ciudadanía".

En la mayoría de las quejas de los ciudadanos recibidas el pasado año en materia de Justicia está presente el problema "endémico" de los retrasos y dilaciones indebidas.

Este asunto es uno de los más graves problemas de la Administración de Justicia "y su solución es una necesidad de primer orden", sostiene el informe, que pone de manifiesto que, a pesar del importante número de quejas recibidas en 2010 por este motivo en la jurisdicción civil, éstas no presentan plazos de retraso tan llamativos como en años anteriores.

En el orden contencioso critica que, en muchos casos, el origen de la demora sea la "inercia administrativa", es decir el retraso injustificado en la realización de las diferentes actuaciones por parte de los órganos de la Administración y que no puede justificar, en modo alguno, las dilaciones indebidas.

Considera asimismo que son "inaceptables" las esperas que se producen en el orden social con la actual situación económica.

Las quejas se centran asimismo en la escasez de personal en muchos órganos judiciales o incluso la inexistencia de Juzgados especializados donde debieran existir o la obsolescencia de las infraestructuras, incluidos los sistemas de información y comunicación, destaca.

Esta institución también expresa su preocupación por el atasco que padece el Registro Civil Central, que un año más ha sido objeto de un grupo importante de quejas.

Por ello, considera "ineludible" que se afronte la "gravísima situación por la que atraviesa el Registro Civil Central, cuya situación de colapso deja a muchos ciudadanos sin posibilidad de ejercer derechos que legítimamente les corresponden".

En este sentido, acoge positivamente el plan de choque aprobado por el Gobierno para normalizar el funcionamiento de dicho órgano y confía en que a medio plazo "las medidas adoptadas redunden en una situación que se acerque a parámetros de normalidad", aunque alerta de que a corto plazo dichas medidas, ya aplicadas, "resultan insuficientes y siguen registrándose retrasos intolerables".

Por el contrario, alaba la implantación de la nueva oficina judicial, que supone "un fuerte avance" en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración y un "gran paso" hacia la modernización y optimización de los recursos de los que dispone la Justicia.

Insiste por otra parte en la necesidad de abordar lo antes posible la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.