Dice la cultura popular que, al final del camino, cuando las cosas se ponen difíciles, al lado de uno solo permanecen los amigos y la familia. De ser eso cierto y de empezar hoy (el día en que se ha abierto juicio oral contra él y otros cuatro acusado por el caso Naranjax -popularmente conocido como caso Fabra-) el final del camino político de Carlos Fabra, podría decirse que los amigos y la familia del otrora todopoderoso barón castellonense del PP se han visto notablemente menguados en los últimos años.

Apenas arropado a su llegada al juzgado por los aislados gritos de ánimo ('ánimo Fabra, Castellón está contigo') proferidos por dos o tres espontáneos, y también ninguneado por sus enemigos, que tampoco le prepararon ningún comité de bienvenida, el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, llegaba sobre las 9:30 a las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Castellón donde una hora después se abriría una causa instruida durante nueve largos años.

En la cola para acceder a la sala del juicio no se sumaba ningún destacado dirigente del PP para arropar al que fuera su líder provincial. Ni siquiera su actual pareja sentimental, la vicepresidenta de la Diputación, Esther Pallardó, se asomaba por allí, quedando limitado todo el respaldo familiar a la presencia de su ex mujer, María Amparo Fernández -forzada por la circunstancia de ser su compañera en el banquillo de los acusados-, y Claudia Fabra, hija de ambos.

En la sala, mayoría de simpatizantes, algún curioso y apenas algún crítico. Y en el banquillo de los acusados, los cinco protagonistas, con Vicente Vilar y Carlos Fabra en los extremos. A la derecha, el expresidente de la Diputación, escoltado por su exmujer, con la que comparte bufete de abogados. A la izquierda, con un atuendo informal, esposado durante toda la sesión y recién trasladado de la cárcel donde cumple condena por el secuestro y violación de su ex pareja, el empresario Vilar, cuyas denuncias dispararon la investigación. Entre ambos grupos, el exsenador y exdiputado del PP por la provincia de Castellón, Vicente Prim, acusado como presunto partícipe del tráfico de influencias; y en medio del grupo, Monserrat Vives, ex esposa de Vilar y socia de éste y los Fabra en el negocio.

Los escritos de acusación abrían fuego en el juicio desgranando al detalle cómo operó presuntamente la trama y centenares de miles de euros pasaron a engrosar las cuentas de todos los acusados excepto Prim. Al ya conocido de la Fiscalía del Estado, se sumó el especialmente duro escrito de la acusación popular -articulada por Unión de Consumidores (UCE)- que califica el entramado empresarial urdido por Fabra, Vilar y sus esposas durante los años en que se cometieron los presuntos delitos como una 'empresa criminal'.

Como no podía ser de otra manera, los escritos de las defensas eximían a sus representados de toda responsabilidad. En los casos de Prim o Vilar, negando la mayor con relativa rapidez; en el de Vives, presentándola como la víctima de una venganza de su ex marido, Vicente Vilar, que, además de secuestrarla y violarla, la ha dejado -según el relato de su abogado- viviendo en la ruina y dependiendo 'para comer de la ayuda de Cáritas'. Y en el de Fabra, encontrando explicación y desmentido a cada acusación, desde que la reunión ante el entonces ministro Jesús Posada fue para tratar 'la instalación de un Puesto de Inspección Fronterizo', a que la participación de Fabra en las empresas en las que se produjeron los presuntos delitos millonarios fue meramente 'nominal o formal'.

La primera jornada, cerrada sin haber escuchado todavía ningún testimonio, podría parecer así de mero trámite, pero lejos de ello, evidenció que la estrategia de las defensas no se limitará exclusivamente a defender con pruebas la inocencia de los acusados, sino a torpedear -sin escatimar recursos ni artificios- la labor de las acusaciones.

Así lo puso de manifiesto el letrado Javier Boix, abogado defensor de Fabra (popularizado por haber evitado a Francisco Camps la condena en el caso de los trajes de la trama Gürtel), que tras la lectura de los escritos de las partes, solicitó al tribunal que se apartara de la causa a la acusación popular, acusándola de un exceso en el procedimiento abreviado (el texto en el que se delimitan el objeto y los sujetos del encausamiento); en un movimiento, que según recordó a modo de jurisprudencia, ya se habría aplicado en el juicio de caso Filesa.

Y Boix no se detuvo ahí, pues solicitó también que no se tomen a consideración en la causa los peritajes realizados por los técnicos de Hacienda, asegurando que actúan como parte de la acusación y su actuación no tendría a su parecer la 'imparcialidad obligada'. El resto de las defensas, con los grados que interesaban a sus representados, se sumaban a las peticiones de Boix, pero pese a sus esfuerzos, el tribunal no respondía afirmativamente a ninguna de ellas.

Sin embargo, mientras que con la negativa a apartar a la acusación popular era rotundo, dejaba a la hora de presentar la sentencia del juicio su apreciación de la validez del peritaje de de Hacienda y de los testimonios que durante el juicio ofrezcan los peritos. De ese modo se abría ya el primer día un importante matiz en la causa, pues independientemente de lo que demuestren durante el juicio los peritos y su informe, si finalmente son consideradas por el tribunal las peticiones de las defensas, todos los delitos fiscales, sostenidos sobre ellos, serían sobreseídos.

Dejando abierta esta importante incógnita, el tribunal dio por concluida la primera sesión del juicio, dejando ya para mañana a partir de las 10.00 horas el inicio de las declaraciones de los acusados. Será entonces cuando por fin Carlos Fabra, hoy silencioso a su llegada y salida del juzgado, y discreto en sus movimientos y gestos, se vea obligado a decir la suya.