Los partidarios del cannabis han conseguido, en una encuesta en Internet promovida por la Comisión Europea, que la legalización del consumo de esta sustancia aparezca como prioridad número uno de los españoles.

El activismo en la Red de los proclives al hachís y la marihuana hará que dicha propuesta, que ha superado a otras, como la despenalización de las descargas de archivos, se traslade a las instituciones europeas. El debate está, de nuevo, servido.

En la encuesta, llamada Consultas Europeas a la Ciudadanía, han participado más de 4.000 internautas y su resultado será enviado el próximo mayo a la UE. Los consumidores, asociados desde hace años para defender sus derechos, han conseguido que partidos como Los Verdes incluyan el debate de la legalización en sus programas políticos. Y ahora pretenden llegar hasta Europa.

Florent Marcellesi, portavoz de Berdeak-Los Verdes de Euskadi, considera que 'debido al descenso de los precios, el consumo de drogas ha crecido últimamente en España y en Europa, demostrando que la política actual no es efectiva'.

Sin embargo, las posibilidades de que la iniciativa de la consulta europea llegue a buen puerto son 'escasas', según reconoce Martín Barriuso, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas. Esta asociación participa en el Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas, una iniciativa de la Unión Europea. 'En la UE han recogido nuestro interés, pero han dejado claro que no van a pasar nuestras peticiones a los estados miembros, porque estos no las quieren ni debatir', afirma Barriuso.

A pesar de la negativa, la asociación sigue con su proyecto y ha promovido, por ejemplo, los clubes sociales cannábicos, donde se promueve el consumo.

El Código Penal español, a través de la conocida como Ley Corcuera, prohíbe la venta de cannabis y su consumo en lugares públicos. En cambio, está permitido el cultivo de plantas y el consumo en privado.

De un lado del debate están los favorables a la legalización, cuyo argumento principal se basa en que así se terminaría con parte de las mafias. Alaban además los beneficios del cannabis con fines terapéuticos. Del otro, los prohibicionistas, que creen que el consumo de porros lleva a engancharse a otras drogas mucho más duras.

'Del prohibicionismo sólo se benefician traficantes, tiene cabida la corrupción y los sobornos, y la adulteración se realiza para conseguir mayores beneficios a costa de la salud de los consumidores', opina David Crespo, presidente de la Asociación Cannabis Información Española.

Paz, consumidora ocasional de hachís, cree que legalizar el consumo sería positivo y terminaría con su mala imagen. 'Hay personas mayores y enfermas que no quieren beneficiarse de los fines terapéuticos de los porros porque, al ser ilegal, lo ven con malos ojos', argumenta esta chica.

David, de 28 años y consumidor de hachís desde hace 15, aboga por la legalización, pero tampoco se muestra demasiado entusiasta. 'Si el dinero ahora te lo saca el camello, luego te lo sacará el Estado con los impuestos', argumenta.

A pesar de ser consumidores, ni Paz ni David se sienten atraídos por la idea de que los partidos políticos incluyan la legalización en sus propuestas. 'Para mí no es una prioridad', señala Paz. Pero el debate sí que ha estado presente, por ejemplo, en la campaña de las elecciones vascas a través de Los Verdes, que incluyen el antiprohibicionismo.

Hay partidos, incluso, creados expresamente para defender los derechos de los consumidores de hachís. Fermín Les Lacosta, presidente del partido Representación Cannábica Navarra, asegura que la legalización tiene una gran 'demanda popular' y recuerda que en las últimas elecciones generales su partido, con representación en Navarra y en el Levante, consiguió 'unos 8.000 votos'. 'Y siempre hemos estado entre los diez primeros partidos políticos' en sus circunscripciones, puntualiza.

Precisamente, Representación Cannábica Navarra está inmerso ahora en una campaña de apoyo a un 'afiliado' acusado de tráfico de drogas y que asegura que en realidad cultivaba cannabis en casa sólo para su propio consumo. La multa mínima por consumir en un lugar público es de 300 euros.

Cada uno de estos partidos hace política desde la defensa de siempre de que los efectos nocivos del cannabis son muchísimo menores que los de otras drogas legales, como el alcohol o el tabaco. Pero las propuestas suelen hacerse al tiempo desde el pesimismo de saber que, tras años de lucha, el cambio ha sido mínimo.