El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido un informe favorable, aunque no vinculante, sobre el real decreto del Gobierno que facilitaría una hipotética reapertura de la central nuclear de Garoña, en Burgos.

El informe fue votado en el pleno del Consejo de ayer por cuatro votos a favor y uno en contra, el de la consejera Cristina Narbona, exministra socialista de medio ambiente.

A favor han votado los consejeros Fernando Martí, Fernando Castelló (PP); Antonio Gurguñi (CIU) y Rosario Velasco (PSOE).

El real decreto sobre gestión del combustible nuclear ya fue estudiado y aprobado por el CSN el pasado 24 de abril, pero el Ministerio de Industria introdujo luego nuevas modificaciones al texto, por lo que volvió a pedir un pronunciamiento no vinculante al máximo órgano de seguridad nuclear.

La clave de esas modificaciones es que introducen como novedad la posibilidad de que una central nuclear pueda pedir una licencia de renovación desde el año de su cese, si este ha obedecido a razones económicas y no de seguridad, como sucede en el caso de Garoña.

Sin embargo, según argumenta Narbona, las razones de tipo económico 'nunca son ajenas a la seguridad nuclear'. Además, y según la exministra, se rebajan las exigencias a las empresas que operan las centrales, que ya no tendrían que solicitar una nueva autorización para explotarlas tras su cierre, sino una 'renovación', que es un permiso que requiere de muchos menos requisitos que una nueva autorización.

Narbona sí ha advertido que en el caso de que Nuclenor pidiera la renovación, el CSN exigirá todos los requisitos que considere y aquí el informe que emita 'sí será vinculante'.

Esta reforma normativa promovida por Industria, un traje legal a medida para salvar del cierrre definitivo a la central más antigua de España, marcaría precedente para el resto de nucleares en operación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se establecía el cese definitivo de la explotación de Garoña el pasado 6 de julio, fecha en la que vencía la licencia de explotación.

Nuclenor, en un pulso al Gobierno, dejo pasar los plazos legales para renovar su licencia

En un pulso al Gobierno para evitar las nuevas tasas a las nucleares que entraron en vigor en enero, Nuclenor (de la que Iberdrola y Endesa son propietarias) desconectó Garoña el 16 de diciembre de la red eléctrica y dejó pasar, pese a las múltiples oportunidades concedidas por el Gobierno, el plazo establecido para una posible renovación de la licencia. 

El 6 de julio, vencido el plazo, Interior insistió reiteradamente en que el cese definitivo obedecía a motivos económicos y no de seguridad, argumento que le ha servido para justificar las modificaciones en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, piedra angular de la normativa sobre seguridad nuclear en España.

Greenpeace ha presentado ante el Ministerio de Soria alegaciones a dicho decreto, denunciando que 'encubre' la reapertura de Garoña. En un comunicado, la organización ecologista ha denunciado el detrimento de la legislación sobre seguridad nuclear y el hecho de que se haya introducido una disposición transitoria expresa para el supuesto de la central burgalesa.

Greenpeace denuncia el detrimento de la legislación sobre seguridad nuclear  Industria 'está quebrantando' el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, ha denunciado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de la ONG.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha denunciado que las modificaciones están hechas a medida de las necesidades de Nuclenor y condena que 'los intereses del sector nuclear prevalezcan sobre los convenios internacionales, las leyes, el funcionamiento normal del CSN y sobre el interés de la mayoría de la sociedad'.