La crisis económica ha protagonizado y condicionado el año político transcurrido desde las elecciones generales del 9-M, ha obligado al Gobierno a dedicarle gran parte de sus esfuerzos y ha servido de ariete de oposición a un PP no exento en este tiempo de momentos de incertidumbre sobre su liderazgo.

Mañana se cumplirá un año desde que José Luis Rodríguez Zapatero renovó en las urnas la confianza de los electores y, con 169 diputados, se quedó a siete de la mayoría absoluta.

Fue un número suficiente para ser investido presidente del Gobierno, aunque tuvo que esperar para ello a una segunda votación al contar sólo con el apoyo de los parlamentarios socialistas.

Ese hecho ya auguraba arduas negociaciones posteriores para sacar adelante iniciativas del Gobierno como los Presupuestos Generales del Estado, pero las dificultades se van a acrecentar si Patxi López releva a Juan José Ibarretxe al frente del Gobierno vasco y el Ejecutivo no puede contar con los votos del PNV en el Congreso.

Los Presupuestos de 2009 son, precisamente, una de las cinco leyes que ha tramitado el Parlamento nacido de los comicios del 9-M, que también ha convalidado una serie de decretos que han tenido como objetivo intentar hacer frente a la crisis económica.

Una crisis cuya dimensión se tardó en reconocer públicamente por parte del Gobierno y que ha copado el día a día tanto de su actividad como de la de los partidos ante el deterioro de la economía y el aumento mes tras mes del número de desempleados.

La situación económica se ha convertido para el Partido Popular en la muestra más evidente de la mala gestión del Gobierno socialista y ha sido el argumento principal de la labor de oposición de sus dirigentes insistiendo en que ellos ya previnieron en la campaña electoral de lo que se avecinaba y acusando a Zapatero de ocultar en ese momento el alcance de la crisis.

Pero el PP ha tenido que dedicar también gran parte de su tiempo a calmar las voces críticas internas que pedían un relevo al frente del partido al considerar que Mariano Rajoy no era la persona adecuada para la etapa que se abría después de la segunda derrota consecutiva en las urnas.

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, no cerró la posibilidad de disputarle el cargo, pero, finalmente, ni ella ni ningún otro dirigente dieron el paso y Rajoy renovó su liderazgo en el Congreso Nacional que el partido celebró en Valencia.

Allí y en Madrid tiene abierto ahora el PP un episodio judicial en el que se habrá de determinar si, como apunta el juez Baltasar Garzón, cargos como el presidente valenciano, Francisco Camps, están implicados en una supuesta trama de corrupción que ya ha provocado la dimisión de varios alcaldes del partido citados en esa causa.

Este asunto ha contenido la euforia con la que el PP acogió los resultados de las elecciones autonómicas del pasado domingo, cuando recuperó la presidencia de la Xunta y, a pesar de haber perdido dos escaños en los comicios vascos, se convirtió en decisivo para investir al nuevo lehendakari.

Si el hasta ahora presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, presentó su dimisión como líder de los socialistas en esa Comunidad, otra dimisión copó las informaciones unos días antes: la del ya ex-ministro Mariano Fernández Bermejo tras conocerse que coincidió en una cacería en Jaén con el juez Garzón y que carecía de licencia para ejercer la actividad cinegética en Andalucía.

Con el bagaje de todo lo ocurrido durante este año, los partidos preparan ya la próxima contienda electoral de ámbito nacional: el 7 de junio se votará a los representantes españoles en el Parlamento Europeo.