El Defensor del Pueblo atendió el año pasado 34.674 quejas de los ciudadanos, frente a las 22.287 gestionadas en 2009, lo que supone un incremento del 56% derivado de la "crisis económica".

Así lo ha indicado hoy la responsable de este departamento, María Luisa Cava de Llano, tras entregar al presidente del Congreso, José Bono, la memoria de esta institución correspondiente a 2010.

Cava de Llano ha precisado que destacan los "problemas" con los bancos y con la recaudación de impuestos junto con una "gran mayoría" de quejas colectivas que indican "el malestar provocado en amplios colectivos sociales" por las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la recesión, especialmente la reducción de los salarios.

Ha calificado de "dato muy espectacular" el incremento de los expedientes, que ha vinculado con un número de quejas colectivas "enormemente grande", pasando de 3.626 en 2009 a 17.449 en 2010.

Las reclamaciones individuales ascendieron a 16.759, mientras que las relativas exclusivamente a temas económicos se duplicaron el pasado año, al elevarse de 1.780 a 3.692.

Por distribución geográfica, el mayor número de quejas provino de la Comunidad de Madrid (21,85%), seguida de Andalucía (18,32%), la Comunidad Valenciana (14,15%) y Cataluña (10,29%).

Aunque al Defensor del Pueblo "no le compete opinar" sobre la forma en la que el Ejecutivo dirige la política económica, esta institución subraya que sí es su obligación recordar a los responsables públicos que, en la toma de decisiones, "deben salvaguardar los derechos que recoge la Constitución".

En materia de tributos, la institución ha realizado diversas actuaciones para que el Gobierno alivie la carga tributaria de muchos contribuyentes ante la subida de las cuantías que han de abonar por el impuesto de bienes inmuebles.

En cuanto a las entidades bancarias, destacan las protestas por las "prácticas abusivas" con las hipotecas, por lo que Cava demanda una nueva regulación de los supuestos de impago de los prestamos avanzando hacia "fórmulas de dación en pago".

La crisis ha llevado a numerosos ciudadanos, según esta Oficina, a exigir que se regulen con mayor "eficacia y concreción" las situaciones de insolvencia familiar o personal.

La Defensora del Pueblo sostiene que la aplicación de la Ley Concursal a este tipo de casos no ofrece una respuesta adecuada, por su "elevado coste" y la "dilación excesiva" de los procedimientos.

En materia de telecomunicaciones, los ciudadanos se quejan de la mala atención que reciben y del coste del servicio, "mucho más elevado" que en otros países de la Unión Europea.

También experimentaron una fuerte subida las investigaciones de oficio, que alcanzaron los 466 expedientes, frente los 269 del ejercicio precedente.

Cava ha explicado que ello se debe a la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), cuya principal función es realizar visitas de supervisión preventiva a centros de atención y privación de libertad.

La Defensoría formuló 448 resoluciones a las distintas administraciones públicas, tales como recomendaciones, sugerencias, recordatorios legales y advertencias, que fueron aceptadas en el 80% de los casos, algo que, según la Defensora, demuestra que ésta es "una institución eficaz y a la que se le escucha".

A los ciudadanos también les preocupan los problemas con la Administración de Justicia, concretamente los retrasos indebidos y la falta de medios, y sobresalen los asuntos relacionados con el trabajo y la Seguridad Social, la extranjería y la inmigración, y aquellos que tienen que ver con el urbanismo y la vivienda.

Cava ha confesado que le "preocupa enormemente" la Circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que ha llevado a "prácticas abusivas" por parte de agentes policiales en la identificación y detención de ciudadanos extranjeros.