La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dijo hoy en el pleno del Senado que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) no tiene como objetivo conseguir un beneficio patrimonial, sino social.

La titular de Vivienda hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta del senador popular Jose Manuel García Ballestero, que hacía alusión a que la SPA entró en quiebra técnica en 2008 y tuvo que recibir una aportación de 8,5 millones de euros por parte del Gobierno para salir de ella.

En este sentido, García Ballestero dijo que la SPA "no ha tenido los resultados prometidos ni esperados" y que en sus cuatro años de vida ha tenido tres presidentes, ha incrementado sus costes un 50 por ciento y le ha costado a los españoles 2.500 euros por vivienda alquilada.

La ministra de Vivienda resaltó que "la política social, la de vivienda, no es un negocio" y le espetó al senador popular que "igual que no nos pediría que hiciéramos negocio con la sanidad o con la educación, no nos puede pedir que hagamos negocio con la política de alquiler".

Recordó que la SPA contaba con el objetivo de profesionalizar el mercado, ampliarlo y socializar su gestión, algo para lo que ha competido en el ámbito privado con grandes grupos financieros que gestionan los patrimonios de los fondos de inversión.

Sin embargo, "la SPA gestiona los alquileres de la gente, de las familias, y ha conseguido 11.200 contratos en cuatro años", por lo que, a su juicio, "no podemos hablar en ningún caso de fracaso".

Además, recordó la trayectoria de otros organismos públicos dedicados a la gestión de alquileres, como el Instituto Valenciano de Vivienda, que "en 2006 y 2007 estuvo en quiebra técnica y recibió una inyección de 40 millones de euros".

También hizo alusión al comportamiento de la empresa del alquiler de la Comunidad de Madrid, que "dijo que iba a alquilar 12.500 viviendas en un año, hasta ahora declara 3.500 y se ha gastado 5,5 millones de euros".