La Xunta de Galicia se ve forzada a realizar cambios en su Ley de Cajas de ahorros después de que el Tribunal Constitucional anunciara ayer la admisión a trámite del recurso que el Gobierno interpuso el pasado 9 de febrero contra una decena de preceptos de la norma gallega. Con este paso jurídico queda suspendida la norma que facilitaba la unión entre Caixa Galicia y Caixanova que patrocina el Ejecutivo regional. También se suspenden, hasta el martes, las negociaciones que la Xunta y el Gobierno iniciaron esta semana para resolver este litigio.

El principal foco de conflicto está en la composición de los órganos de gobierno de las cajas. La ley gallega permite a la Xunta contar con más de un representante en los consejos de administración de las entidades, mientras limita la presencia de los ayuntamientos, sindicatos y representantes de los clientes a un sólo consejero. 'La modificación es básicamente para dar un representante a los nacionalistas del BNG', aseguran fuentes del sector. Otro de los puntos en discordia es el que reserva al poder político la autoridad para decidir si las cajas pueden o no emitir deuda para financiarse.

El BNG pide a la Xunta que presente un recurso por el FROB

La decisión del Constitucional de admitir el recurso del Gobierno ha sido recibido por representantes de la Xunta como un 'trámite legal lógico que se podría haber evitado si el Gobierno hubiera negociado antes'. Fuentes financieras, por su parte, opinan que el recurso es una medida de presión para evitar la creación de una gran caja gallega, una opción a la que se opone el Gobierno y que tampoco es bien vista por el Banco de España.

La Xunta insiste en defender la legalidad de su ley, y asegura que sólo hay 'diferentes interpretaciones jurídicas de la redacción'. El Gobierno autonómico y el central han estado acercando posiciones esta semana (se reunieron el martes y el miércoles los conselleiros de Presidencia y Facenda de la Xunta, Alfonso Rueda y Marta Fernández Curas, con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías), y ambas partes coinciden al asegurar que la posibilidad de llegar a un acuerdo puede estar cerca.

La situación actual es casi calcada a la de hace un año en un conflicto similar con la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre cambió la Ley de Cajas autonómica para acomodarla a sus intereses en el proceso de renovación de los órganos de gobierno de Caja Madrid. El Ejecutivo central entonces también presentó un recurso de inconstitucionalidad, y su admisión a trámite forzó a la comunidad a deshacer los cambios realizados en la ley.

La composición del consejo de administración, principal problema

Ahora parece que ocurrirá lo mismo, sobre todo cuando las dos partes han mostrado un mayor espíritu de colaboración que entonces. De momento, han rehusado comentar públicamente cuáles son los puntos más conflictivos de la negociación, para facilitar el diálogo, que continúa el próximo martes.

La Xunta asegura que está dispuesta a hacer todas las aclaraciones jurídicas que necesite el Gobierno y a 'acompasar su legislación a las de otras comunidades autónomas cuya ley no esté recurrida'. Gaspar Zarrías también subrayó que el Gobierno 'está dispuesto a retirar inmediatamente el recurso' si se hacen los cambios necesarios.

También parece aparcada la amenaza de un recurso de la Xunta de Galicia por invasión de competencias contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Lo reclama el BNG. 'No habrá recurso, el FROB nos parece un buen mecanismo, aunque tenemos dudas de que pueda entrar en competencia con la autonomía para redactar sus propias leyes', aseguraron fuentes de la Xunta.