Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado viernes, el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual inicia ahora su tramitación parlamentaria. Aunque el proyecto ha sufrido ya numerosos cambios desde que el Gobierno decidiera darle el impulso definitivo antes del verano, esta regulación sólo tendrá éxito como 'norma cabecera' del sector audiovisual si el Gobierno y el Grupo Socialista mantienen una 'posición integradora' con otras fuerzas que garantice el consenso en torno a la Ley.

Esta es al menos la postura del Consejo de Estado, que en su dictamen sobre la futura norma que el Ejecutivo ha remitido al Congreso junto con el proyecto en sí recuerda precisamente que fue la falta de acuerdo lo que dio al traste con una iniciativa similar en 2005. 'Se subraya la conveniencia de trabajar desde una posición integradora de consenso (...) y con miras a medio y largo plazo, lo que redundará a la postre en la estabilidad de la nueva ley', indica el principal órgano consultivo del Gobierno.

Según el citado organismo, el proyecto, que acabó incorporando varios de los cambios propuestos por el Consejo de Estado, adolece de 'falta de concreción' a la hora de estimar su impacto económico, aunque en general 'cumple de modo razonable sus objetivos'. En concreto, el Consejo deja claro que el texto que se ha remitido a las Cortes 'es sucinto pero suficientemente completo ante la enorme amplitud de sus propósitos y contiene la regulación esencial básica mínima para una ordenación y coordinación del sector audiovisual en España'.

El órgano consultivo señala también que el propósito de 'regulación global' del Gobierno a la hora de impulsar esta Ley 'no llega hasta sus últimas consecuencias', debido a que la norma deja fuera la regulación y financiación de Radio Televisión Española, objeto de sendas leyes en 2006 y 2009.

Por otro lado, el Consejo de Estado destaca la 'novedad absoluta' que supone el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que además sirve para superar 'una anomalía absoluta' que diferenciaba a España de otros estados europeos. Asimismo, entiende que merecería la pena 'sopesar' la posibilidad de que este órgano tuviera 'competencias adicionales de resolución de conflictos' entre operadores.