La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, reconoció ayer que 'algunas' de las facturas firmadas por el Gobierno regional con las empresas de la trama Gürtel durante la pasada legislatura, 'siendo totalmente legales, no cumplían con el principio de austeridad'.

Así respondía la consejera de Esperanza Aguirre durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid a las preguntas de la portavoz del PSOE en Educación, Fátima Peinado, sobre la relación de su departamento con las empresas de la trama liderada por Francisco Correa. Con estas declaraciones, Figar se convierte en el primer miembro del equipo de la presidenta madrileña que llama la atención sobre las cuantiosas adjudicaciones a la red corrupta.

La responsable de Educación en la Comunidad de Madrid mantuvo que en esta legislatura, que se inició en 2007, su departamento no ha firmado 'ningún contrato' con las empresas Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación, Good and Better y Servimadrid Integral. Todas ellas figuran en la parte del sumario cuyo secreto fue levantado hace un par de semanas. No obstante, reconoció que en la pasada legislatura se suscribieron 32 contratos, por importe de 230.000 euros, con las citadas firmas, informa Europa Press.

Es en este momento en el que reconoció que 'quizá alguna de las facturas, siendo perfectamente legal, no corresponde al principio de austeridad que nosotros defendemos'. Además, fue muy insistente en que los contratos se correspondían con servicios 'efectivamente prestados'. La autocrítica fue seguida acto después de un dardo para la oposición calificando de 'menos austero y más escandaloso' que los socialistas madrileños reformen su sede 'sin licencia'.

La portavoz socialista preguntó a Figar si no le parecía sospechoso que por un mismo acto su partido hubiese firmado 'cinco contratos con dos empresas con cuantías idénticas'. También quiso saber si ella o algún otro consejero de la Comunidad había recibido órdenes de Alberto López Viejo, el ex consejero de Deportes de Aguirre y al que en la Comunidad ubican como el responsable de que se siguiese contratando con las empresas de Correa. Figar no entró al detalle.

El pasado lunes, este periódico puso en evidencia el discurso de austeridad del que hace gala Esperanza Aguirre. La misma presidenta de la Comunidad de Madrid, que en junio de 2008 decidió reducir su Gobierno argumentando motivos de ahorro, ha consentido que entre 2004 y 2008 se adjudicaran más de tres millones de euros en 342 contratos a la trama corrupta.

Todas estas adjudicaciones, menos dos, fueron otorgadas a dedo. Hasta octubre de 2007, la barrera permitida para los contratos menores, aquellos que no necesitan la convocatoria de concurso, era de 12.000 euros. De la lectura del sumario se deduce que la trama troceaba en varios contratos los trabajos que realizaba para un mismo acto. Las facturas constatan que estas empresas realizaban todo tipo de encargos: instalación de pantallas de plasma, decoración floral, inauguraciones de colegios o presentaciones de libros.

Los diputados de la Asamblea de Madrid imputados en el ‘caso Gürtel’, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, se presentaron ayer en el pleno de la Asamblea para votar en el mismo sentido que el Partido Popular contra una moción presentada por el PSOE sobre la planificación sanitaria. Fue la primera vez que acudían a la Cámara desde que abandonaron el Grupo Popular el pasado 8 de octubre. Y ocuparon sus nuevos escaños, ubicados en la última fila. En breve pasarán a ser diputados no adscritos, cuando sea aprobada la propuesta de reforma del Reglamento, que trata de impedir que los parlamentarios que se marchan de su grupo conformen un grupo mixto, con los beneficios que ello conlleva.