El Congreso de los Diputados ha aprobado para su envío al Senado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitirá que la Justicia española pueda perseguir el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas aún cuando el delito se cometa fuera del territorio nacional.

Hasta ahora, los tribunales españoles no podían juzgar a los detenidos por tráfico de seres humanos en aguas internacionales si la finalidad del delito no era la explotación sexual; una limitación a la que se pondrá fin con esta reforma.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha defendido ante el pleno el proyecto como una medida necesaria para aumentar la protección de los derechos humanos de las víctimas de esos delitos.

En opinión de Fernández Bermejo, el aumento del número de embarcaciones de inmigrantes que llegan a nuestro país ha destapado una nueva forma de explotación, que ha definido como "la esclavitud del siglo XXI", contra la que hay que luchar.

El ministro, al igual que ha hecho después el diputado socialista Pedro Muñoz, ha agradecido el esfuerzo de todos los grupos que ha permitido aprobar la reforma con el máximo consenso.

Con esta iniciativa, el tráfico de personas se equipara en su tipificación, según la legislación penal española, a delitos como genocidio, terrorismo, piratería, prostitución o corrupción de menores.

En el proyecto de Ley Orgánica, aprobado con 293 votos a favor, ninguno en contra y la única abstención de IU, se han introducido algunas enmiendas, entre ellas, la que establece la entrada en vigor de la ley el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Sólo IU ha mostrado su discrepancia con la reforma a la que la diputada Isaura Navarro ha calificado como "racismo institucional".

Según Navarro, el Gobierno ha asumido el discurso alarmista e interesado del PP al ampliar el principio de Justicia Universal al delito de tráfico ilegal de inmigrantes, sin que tales problemas -ha dicho- justifiquen una solución "tan radical".

Pese a que el PP ha votado a favor del proyecto, el diputado Guillermo Mariscal ha aprovechado su intervención para criticar duramente la política de inmigración del Gobierno socialista.

Ha culpado al Ejecutivo de llevar a cabo "regularizaciones masivas" de inmigrantes que, a su juicio, son las peores señales que se pueden trasladar a las mafias, ya que interpretan que pueden llegar a su destino y que, además, se va a garantizar su regularización.

El Grupo Popular entiende que hay una relación directa entre dicha regularización masiva y el aumento de la llegada de cayucos a las costas españolas.

Por ello, ha invitado al PSOE a rectificar su política y a tomar decisiones responsables y sensatas con acuerdos con el PP como se hizo en el 2003 con la Ley de Extranjería.