La comunidad internacional instó hoy a la calma y al respeto del orden constitucional en Guinea Bissau, tras el asesinato del presidente del país africano, Joao Bernardo Vieira.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo "un llamamiento urgente a la calma y la contención" e instó a las autoridades nacionales guineanas a "mantener el orden constitucional y el respeto al Estado de derecho en este momento crítico", según la portavoz de Naciones Unidas, Marie Okabe.

Ban pidió, además, a las autoridades de la nación africana "investigar estos asesinatos y llevar ante la justicia a sus responsables".

En el mismo sentido se pronunciaron otros organismos internacionales, como la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE), y Gobiernos como los de Estados Unidos, Portugal, España, Francia o Brasil.

La UA calificó de "cobardes y atroces" los asesinatos de Vieira, hoy, y del jefe del Estado Mayor del Ejército de Guinea Bissau, el general Tagme Na Wai, el domingo, en lo que -según medios locales- es el desenlace de una profunda rivalidad entre ambos.

En un comunicado, el presidente de la Comisión de este organismo, Jean Ping, exhortó a los líderes políticos y a otros actores interesados en la situación del país a que "se reúnan con las legítimas autoridades del país, para solucionar la actual crisis en el marco de las instituciones y la Constitución de Guinea Bissau".

Además, anunció que la Unión Africana ya ha iniciado los contactos con líderes regionales para convocar próximamente una reunión del Consejo de Paz y Seguridad del organismo para adoptar las medidas adecuadas al caso y adelantó que "rechazará totalmente cualquier intento inconstitucional de cambio de Gobierno".

Según la Constitución de Guinea Bissau, el titular del Senado, Reimundo Preiras, debería asumir interinamente el poder por un periodo de tres meses, plazo previsto para convocar elecciones presidenciales.

Por parte del bloque europeo, que desde junio de 2008 ofrece asistencia en materia de seguridad a Guinea Bissau para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el Alto Representante para la Política Exterior, Javier Solana, condenó el asesinato de Vieira.

También llamó "a todas las partes a que se adhieran al orden constitucional y contribuyan a calmar las tensiones en el país".

Desde Washington, el Gobierno estadounidense instó "al cese de la violencia", a que "se conduzcan las tareas del Gobierno de manera pacífica" y a que se respete el orden constitucional.

Portugal, de la que Guinea Bissau obtuvo su independencia hasta 1974, lamentó "profundamente" en un comunicado la muerte del mandatario y apeló a que las autoridades políticas y militares del país "respeten el orden constitucional".

A la vez, el Gobierno luso anunció que convocará una reunión de urgente de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), un foro multilateral con sede en Lisboa que agrupa a Portugal y a sus antiguas colonias, para debatir estos hechos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país también participa en dicho foro y que recibió la visita de Vieira en noviembre de 2007, calificó de "inaceptable" su asesinato.

"No podemos callarnos ante otro atentado a una democracia incipiente que se estaba construyendo. Este tipo de comportamiento no lo podemos aceptar", afirmó Lula durante su participación en un seminario empresarial.

En Europa, España y Francia también condenaron el magnicidio.

El Gobierno español hizo un "llamamiento al mantenimiento del orden constitucional y al respeto del Estado de derecho" y reafirmó "su compromiso de cooperar en el proceso de consolidación democrática y reconstrucción de Guinea Bissau".

Mientras que el Ejecutivo francés ofreció su "apoyo a las autoridades democráticamente elegidas de Guinea Bissau" y aseguró que no ahorrará esfuerzos para, con las instituciones africanas e internacionales, "permitir a Guinea Bissau y a su pueblo preservar la paz y la estabilidad".

En América Latina, además de Brasil, desde Colombia y Argentina también se emitieron sendos comunicados oficiales lamentando el asesinato.

Bogotá lo calificó como "un acto criminal injustificable", hizo votos "por que los responsables sean llevados ante la justicia" y expresó su apoyo "a las instituciones democráticas, legítimamente constituidas" en Guinea Bissau.

Buenos Aires, por su parte, manifestó su "preocupación por el deterioro de la situación política en ese país" e instó "a todas las partes a preservar el Estado de derecho y a respetar plenamente los derechos humanos".