El presidente del comité de empresa de Spanair, Jordi Mauri, ha manifestado hoy que aunque la suspensión de pagos o la quiebra de la aerolínea es posible porque "la compañía adeuda mucho dinero" sin embargo el comité "no contempla esta situación para poder mantener viva la lucha".
"Somos conscientes de que puede darse una suspensión de pagos o la quiebra e incluso hemos debatido exclusivamente este tema en un pleno extraordinario, pero no queremos asumirlo porque sería asumir una derrota y porque creemos que Spanair tiene proyección de futuro y es viable", ha declarado Mauri, en rueda de prensa tras mantener una reunión de más de una hora con el presidente Francesc Antich.
Mauri, que ha valorado la reunión del comité de empresa con Antich, ha revelado su satisfacción por el hecho de que el Govern siga "de cerca" la problemática ante la posible venta de Spanair, situación que da "tranquilidad a todos", ha afirmado.
El presidente del comité de empresa ha negado que la mediación del Govern pueda ser calificada de intervencionista, como denunció ayer a un medio de comunicación el delegado de Air Berlin en España, Álvaro Middelmann.
Según Mauri, "ha sido el Comité de Empresa quien ha solicitado la reunión con el Govern", si bien, ha advertido, que en cambio "sí sería intervencionista si el Govern balear declinase posteriormente la balanza a favor de uno u otro".
En este sentido, Mauri sí ha calificado de intervencionista la postura de la Generalitat de Cataluña por haber declarado públicamente que quiere llevarse la sede de Spanair a Barcelona.
Mauri ha asegurado que valora la posición del Govern como "un compromiso de comunicación y de implicación hasta conocer cuál es el comprador y cuáles sus intenciones", y ha explicado que una vez se sepa, el ejecutivo balear concretará "si puede o no intervenir y de qué forma", según ha indicado Antich en la reunión de hoy.
El máximo representante del Comité de Empresa no descartó que se apruebe esta misma semana o a principios de la próxima en la asamblea de trabajadores "un calendario de actuaciones de presión" con el objetivo de la sede de Spanair se quede en Mallorca y, si no es posible, que los trabajadores se vayan "con las mejores condiciones e indemnizaciones".
Mauri ha criticado que la venta de la compañía sea "un proceso oculto" y que los trabajadores tengan que enterarse a través de la prensa "de lo poco" que se sabe de la misma.
El representante de la compañía ha asegurado que el comité no se pronunciará hasta saber quién es "en realidad el comprador" y no tengan "información concisa y directa".
Con respecto a una posible intermediación de Luciano Iñigo, director general de Aircomp, en la venta de la compañía, Mauri ha asegurado haber oído "algo" al respecto, pero ha puntualizado que desconocía que se estuviera produciendo y ha mostrado su sorpresa porque esta se lleve a cabo, algo que ha manifestado que no tendría que ser así.
El presidente del comité de empresa ha destacado que lo que negocia Spanair es "una compraventa que afecta a 4.500 trabajadores en toda España", a los que hay que sumar, añadió, "otros 350 trabajadores Aerbal", compañía aérea filial de su propiedad.
Por su parte, el consejero de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, que ha asistido a la reunión, ha asegurado que, al igual que el comité de empresa, el Govern tampoco realizará ninguna valoración "hasta saber quien es el comprador".
Vicens ha añadido que hasta conocer el comprador el ejecutivo solamente quiere hacer llegar a todos los compradores y a la compañía SAS su "voluntad clara" de que la base de Spanair se mantenga en Palma y que quede asegurada toda su conectividad actual en cuanto a frecuencias y vuelos entre las islas y con el exterior".
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