Colombia y Estados Unidos firmaron el viernes un acuerdo que permite el acceso a militares estadounidenses a siete bases del país sudamericano para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, pese a las objeciones al proyecto de varios gobiernos de izquierda en la región.

Washington planea utilizar las bases para el aterrizaje, aprovisionamiento y mantenimiento de sus aeronaves que realicen labores de prevención e inteligencia en territorio colombiano.

El pacto profundizó las divisiones en Latinoamérica entre los países más cercanos a Estados Unidos, como Colombia y Perú, y sus críticos, liderados por Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez ha denunciado que Washington busca tener una plataforma desde donde invadir a su país.

Actualmente, 800 militares y 600 guardias privados de seguridad estadounidenses tienen autorización para permanecer en Colombia apoyando operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla izquierdista, cifra que se mantendrá con el convenio.

En representación de Colombia firmaron el ministro de Exteriores, Jaime Bermúdez; los ministros de Defensa, Gabriel Silva y del Interior, Fabio Valencia, mientras que por Estados Unidos lo hizo el embajador de Estados Unidos, William Brownfield.

"Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron el 'Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad'", dijo un comunicado del Ministerio de Exteriores.

"El acuerdo se basa en el total respeto a los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados", precisó.

Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales vinculados en esa actividad ilícita y desde el año 2000 ha entregado a Bogotá más de 6.000 millones de dólares.

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, ignoró la recomendación de un alto tribunal que sugirió someter el convenio a la aprobación del Congreso y un control de legalidad de la Corte Constitucional.

El argumento del Gobierno es que no se trata de un acuerdo internacional sino uno que desarrolla obligaciones contenidas en tratados bilaterales y multilaterales suscritos previamente por Colombia que fueron aprobados por el Congreso y revisados por el Constitucional en su momento.

Además, el Gobierno colombiano asegura que el acuerdo no implica el tránsito de tropas, toda vez que no afecta la neutralidad del Estado colombiano y no contempla el paso de personal militar con finalidad ofensiva contra otras naciones.

El acuerdo militar se conoció después de que el Gobierno de Washington entregara la base de Manta, en Ecuador, desde donde desplegaba operaciones contra el narcotráfico en una amplia zona del Pacífico y cuyo permiso de utilización no fue renovado por la administración del presidente Rafael Correa.

Chávez, el más fuerte crítico de Estados Unidos en la región, ordenó llevar a cero el comercio con Colombia de más de 7.000 millones de dólares anuales, en medio de una crisis diplomática que surgió con la decisión de Bogotá de autorizar a Estados Unidos el uso de bases militares en su territorio.

El mandatario venezolano denunció que desde Colombia Estados Unidos pretende poner en marcha un plan para invadir su país y bloquear su revolución bolivariana que impulsa a favor de los más pobres.

Pero Uribe, el más importante aliado de Estados Unidos en América Latina, sostiene que el acuerdo militar con Washington es para combatir el narcotráfico, el terrorismo y no autoriza la agresión desde Colombia a terceros países.