'Hipocresía' e 'instrumentalización política'. Fueron los calificativos más repetidos ayer por los colectivos de mujeres, sociales y de planificación familiar para definir la actitud del PP respecto a la Ley del Aborto, que ayer se concretó en el anuncio de que se 'modificaría' la norma en caso de que se apruebe como está y ellos lleguen a gobernar.Los grupos también señalaron su deseo de que el Gobierno no dé un paso atrás en el proyecto tras las críticas reavivadas con la manifestación del sábado en Madrid.

La portavoz de la Asamblea Feminista de Madrid y de la Plataforma Mujeres ante el Congreso, Justa Montero, cree que el PP, en todo lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, 'sólo se preocupa de la instrumentalización política'. Opina que la legislación vigente plantea muchos problemas de inseguridad jurídica, para las mujeres y los profesionales, y pone como ejemplo el caso Isadora donde 25 mujeres que habían abortado fueron llamadas a declarar en la causa que se siguió durante dos años contra la clínica por supuestos abortos ilegales y que la semana pasada fue archivada por falta de indicios de delito.

'Si se prohibiera el aborto, se produciría un problema de salud pública'

'El PP no hizo nada para cambiar la ley cuando estuvo en el Gobierno durante dos legislaturas porque en el fondo saben que existe un consenso en esta materia; si la llegan a cambiar, hubieran dado la imagen ultraconservadora que tanto quieren evitar', opina Montero.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, apuntó además a los grupos ultracatólicos que convocaron la manifestación del sábado: 'Si sucede lo que piden, nos encontraríamos ante un problema de salud pública importante y ocurría como en Polonia, donde hay una legislación muy parecida a la española y aplicada muy restrictivamente; oficialmente sólo se contabilizan unos 100 abortos al año, pero según la Organización Mundial de la Salud, unas 10.000 mujeres viajan cada año a países de su entorno a abortar y otras 40.000 lo hacen de forma clandestina'.

La presidenta de la Federación Estatal de Planificación Familiar y ginecóloga de profesión, Isabel Serrano, opina que 'plantear en estos momentos que se prohíba el aborto en España [una de las peticiones de la manifestación del sábado] significa retroceder 30 años'. Serrano es consciente de que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema que crea conflictos y por ello pide que se plantee con 'delicadeza y cabeza, y sin extremismos'.

'Una nueva ley es necesaria, como se ha visto con el caso Isadora'

En este sentido, critica la actitud de los grupos autodenominados provida que se oponen al aborto. 'Todas estas organizaciones están además en contra de la píldora del día después, de la planificación familiar o de la educación sexual y, al mostrarse en contra de todo esto, lo que consiguen es empujar aún más hacia el aborto', explica la experta.

La presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, Virginia Olivera, se preguntaba si 'los grupos antielección que se manifestaron el sábado se preocupan por las mujeres que mueren por someterse a abortos clandestinos'. Y añadía: 'La Iglesia está actuando como un grupo político que trata de imponer una moral sobre los demás'.

¿Cuándo entró en vigor la ley actual?
La mayoría del Parlamento aprobó en 1983 la despenalización del aborto en tres supuestos. El PP (entonces AP) recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, por lo que hasta 1985, cuando los jueces emitieron un fallo favorable, no entró en vigor la actual legislación.

¿En qué supuestos no es delito abortar?
Se legisla a través del Código Penal, es decir, abortar en España no es delito en tres supuestos: en caso de violación (hasta las 12 semanas de gestación), en caso de grave malformación del feto (hasta las 22 semanas) y cuando exista grave trastorno para la salud física y psíquica de la mujer (en cualquier momento del embarazo). En el primer supuesto es imprescindible una denuncia y en las otras dos, un dictamen médico.

¿Cómo tipifica el Código Penal los incumplimientos?
El artículo 145 del Código Penal castiga con pena de cárcel de cuatro a ocho años a quien produjera un aborto sin el consentimiento de la mujer; de seis meses a un año de cárcel y de uno a tres años de inhabilitación para quien interrumpiera el embarazo de la mujer con su consentimiento, pero fuera de las condiciones establecidas en la ley. Para la mujer que consintiera someterse a un aborto fuera de las indicaciones, la pena podría ir de seis meses a un año de cárcel y la multa, de seis a 24 meses.

¿Qué problemas ha generado la actual normativa?
Principalmente, inseguridad jurídica a las mujeres que se han sometido a un aborto, así como a los profesionales. Un ejemplo ha sido el ‘caso Isadora’, en el que un juez admitió a trámite una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión de residuos. La Guardia Civil acudió a los domicilios de 25 mujeres que habían abortado en la clínica después de que el juez ordenara que declararan como testigos. En muchos casos, ni sus propias familias sabían que se habían sometido a un aborto. La causa se archivó la semana pasada, por falta de indicios.

¿ Existe equidad en la prestación sanitaria?
No. A pesar de que es una prestación que está dentro de la cartera de servicios sanitarios, no es posible realizarla en todas las autonomías. En Navarra, por ejemplo, ningún hospital público, ni centro privado accede a practicar una interrupción voluntaria del embarazo. La comunidad foral tiene conciertos con centros de comunidades de su entorno. Más del 90% de los abortos realizados en 2007 se produjeron en clínicas privadas, según los últimos datos de Sanidad.

¿Qué cambios introduce la nueva norma?
Se reconoce el derecho a la maternidad “libremente decidida” y la equidad en la prestación. Además, contempla el aborto libre –sin ningún tipo de justificación– dentro de las primeras 14 semanas de embarazo. De hecho, en 2007, el 88,15% de las interrupciones se produjeron dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. Desde la semana 22 hay varias indicaciones.

¿Qué ocurre con las menores?
Ahora, las chicas de 16 y 17 años pueden decidir someterse a una operación a corazón abierto sin el consentimiento de los padres, pero no a un aborto. El proyecto de ley que está ahora en el Parlamento elimina esta excepción. Así está legislado en la mayoría de los países del entorno, donde no es necesario el consentimiento paterno para que las menores aborten.