El Gobierno socialista presume de haber sido el primero en atender a las víctimas de la represión franquista. Esgrime que las primeras ayudas para exhumaciones de víctimas del golpe de Estado de 1936 fueron entregadas por ellos en 2004, antes incluso de que fuera aprobada la Ley de la Memoria Histórica, en diciembre de 2007. Sin embargo, el Palacio de la Moncloa recibió ayer la visita de los supuestos beneficiados por esa ley, que reprocharon al Gobierno que no haya impedido que España sea el único país europeo que tiene a 150.000 desaparecidos bajo las cunetas.

Los reglamentos establecidos por la Ley para recuperar los restos humanos de la represión se han revelado ineficaces para las 64 principales asociaciones de familiares, que acudieron ayer a la Presidencia del Gobierno. 'Queremos que cumplan su deber como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos', reprochó el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán.

Las asociaciones creen inadmisible que el Ejecutivo encargue a las familias la búsqueda de sus seres queridos, según reflexionan en el manifiesto, que también ha sido enviado a las embajadas de los países miembros de la UE.

El redactor de la carta es el investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias. Este experto denuncia el incumplimiento del Gobierno de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos referidos a los derechos fundamentales de los familiares de desaparecidos. Según su estudio, España es la única democracia que una vez superado un periodo de terrorismo de Estado no lo ha investigado. 'Sólo el régimen de Pol Pot en Camboya supera a España en número de desaparecidos', reclama Rodríguez Arias.

Las asociaciones acusan al Gobierno de haber copiado al propio Franco el modelo de búsqueda, localización y exhumación de los desaparecidos. El general golpista ideó una ley en mayo de 1940 para exhumar las fosas creadas por los republicanos para enterrar a sus fusilados. La dictadura salida de la guerra se encargó de buscar esas fosas, exhumar los cadáveres, identificar a los cuerpos y darles una sepultura digna, con homenajes e indemnizaciones a los familiares incluidas. El BOE y la prensa de la época registraron con detalle los métodos, que se basaban en los testimonios de las familias de las víctimas.

Los descendientes de los fusilados por Franco siguen esperando. 'Es increíble que la elaboración de un mapa de fosas y los protocolos de exhumación que ha establecido el actual Gobierno estén copiados literalmente de 1940', demanda Rodríguez Arias.

El manifiesto asegura que, según lo establecido por la ONU y todos los tratados internacionales sobre desapariciones forzosas, es el Estado el encargado de buscar a los fusilados, tal y como se hace en Argentina o Guatemala.

A falta de un impulso político para abrir las fosas, las víctimas recurrieron a la vía judicial, con denuncias en la Audiencia Nacional entre 2006 y 2007. El juez Baltasar Garzón fue el primer magistrado en tenerles en cuenta. Cerca de ocho meses después de que la Fiscalía impidiese a este juez investigar las desapariciones, el Tribunal Supremo le investiga por prevaricación.

A pesar de los impedimientos, Garzón tuvo tiempo, en las diligencias previas abiertas, de crear una pequeña comisión de la verdad como la que ahora reclaman las víctimas. Un equipo de informáticos clasificó la ingente cantidad de documentación aportada por los denunciantes.

El proyecto encargado a la empresa Mnemo Interligare determinó que los desaparecidos que investigó el Sumario 53/08 iban desde los 136.062 a los 152.237. De ese número fueron restadas las coincidencias de nombres, apellidos y lugar de nacimiento. Los informáticos llegaron a crear un buscador que permitía encontrar a cualquier víctima. La paralización del proceso dejó este trabajo en el limbo.

Política. La ley aprobada en 2007 no ha abierto las fosas
El Congreso de los Diputados aprobó, tras tres años de negociación, una ley para la recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo y de la dictadura. El texto final encargaba a las “administraciones públicas correspondientes” las labores de búsqueda de las fosas comunes y la exhumación de los restos para su identificación. Año y medio después, el Gobierno no ha desarrollado un mecanismo eficaz para abrir las fosas.

Judicial. El juez garzón tuvo que parar su investigación
A raíz de la orden de exhumación de la fosa de García Lorca por parte de Garzón comenzaron los impedimentos a la investigación abierta en la Audiencia Nacional, que acabó en una inhibición del juez en favor de otros juzgados de instrucción. Las familias vieron colapsado su deseo de abrir las fosas por vía judicial.

Social. Subvenciones a las asociaciones de familiares
El mecanismo escogido por el Gobierno para las exhumaciones es un sistema de subvenciones para proyectos relacionados con la memoria. Presidencia ha entregado desde 2006 “en torno a tres millones” anuales para estos proyectos. El 23% de ese dinero ha ido directamente a exhumaciones.