El Gobierno ha decidido modificar el mecanismo con el que se determina el precio de la energía en la tarifa eléctrica regulada, un componente que supone alrededor de la mitad del recibo de la luz de unos 17 millones de consumidores.

El precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que sustituye a la antigua tarifa de último recurso (TUR), es la única tarifa eléctrica que determina el Gobierno, al margen del bono social diseñado para familias con especiales dificultades económicas. A esta tarifa están acogidos unos 17 millones de consumidores con una potencia contratada de menos de 10 kilovatios (kw).

El PVPC se forma mediante la conjunción de tres componentes: el energético, con el que se paga la generación de energía y que se fija con criterios de mercado; los peajes de acceso, que determina el Gobierno para retribuir las actividades reguladas (transporte, distribución, primas renovables, pagos por capacidad o costes extrapeninsulares, entre otros), y los impuestos. En una factura de 50 euros, se pagan 20,6 euros de peajes, 18,7 euros de energía y 10,7 euros de impuestos.

Mediante subastas trimestrales, las denominadas Cesur. En estas pujas se establecía un precio de la electricidad para todo el trimestre, protegido por contratos de cobertura financiera, con el objetivo de evitar a los consumidores posibles volatilidades del mercado. Según los cálculos de Industria, los consumidores han pagado anualmente 300 millones de euros de más en el coste de la energía a los agentes que ofrecen estas coberturas financieras, medido entre el precio medio del mercado y el efectivamente pagado. Esto supone un sobrecoste de 1.160 millones de euros para los consumidores en los cuatro años de vigencia del modelo de subasta Cesur.

El modelo propuesto ahora elimina las coberturas financieras y vincula el componente energético directamente al mercado mayorista. Es decir, los consumidores pagarán la electricidad consumida al precio medio del mercado en el periodo de facturación. Aquellos que dispongan de contador con discriminación horaria, pagarán cada hora de consumo al precio exacto que haya tenido el mercado en ese momento.

Cada día los distintos agentes (empresas generadoras) venden su producción en el mercado para cubrir la demanda de electricidad prevista. Cada central oferta su producto a un precio, las renovables suelen ofertar a cero mientras que las de gas suelen marcar los precios más caros por sus mayores costes. Se van aceptando las ofertas de las tecnologías más baratas hasta cubrir la demanda prevista aunque todas cobran el precio de la más cara (sistema marginalista). El Gobierno tiene previsto revisar el funcionamiento de este mercado.

En la web del operador del mercado eléctrico OMIE (https://www.omie.es/).

Dependerá de la evolución del mercado mayorista en el periodo de facturación aunque, según Industria, esa volatilidad del mercado apenas variará 'unos pocos euros' la factura. El grueso de la variación del recibo eléctrico está más vinculada al volumen de consumo por factores estacionales (más uso de aire acondicionado en verano o más calefacción en los meses de invierno) que por los cambios que se puedan producir en el mercado. De forma general, Industria calcula que este nuevo mecanismo abaratará un 3 % de media los recibos, siempre que la otra parte, los peajes, no se incrementen.

A partir del próximo 1 de abril y comenzará a reflejarse en los recibos a partir de mayo.

Salir de la tarifa regulada y acudir al mercado libre. Las comercializadoras ofrecen distintas opciones y a partir de ahora estarán obligadas a incorporar un modalidad anual de tarifa, con un precio estable para todo un año. Los consumidores que elijan esta opción saldrán de la tarifa pero siempre tienen la opción de volver al precio regulado. Industria ha explicado que para facilitar la comparación y el cambio de compañía se intentará que esa modalidad anual sea lo más estandarizada posible.

Industria habilitará una herramienta, a través de su web y de la de la CNMC, en la que cada consumidor introduciendo sus datos (potencia, periodo de facturación y consumo) podrá comprobar si su recibo es correcto y adecuado a los precios mayoristas del periodo.

Según Industria, no. En el nuevo PVPC, el Gobierno no intervendrá en el componente energético, pero seguirá fijando el margen de comercialización que cobran las empresas que ofrecen este servicio.