Las comunidades autónomas pedirán hoy al Gobierno explicaciones sobre el funcionamiento del sistema de GPS que controlará a partir de 2009 a las víctimas de malos tratos en riesgo, y cómo se repartirán los fondos destinados a programas de atención a inmigrantes y menores víctimas de la violencia machista.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha convocado hoy la segunda Conferencia Sectorial de la Mujer, en la que participarán los máximos responsables autonómicas de las políticas de igualdad.

La mayoría de las comunidades consultadas por EFE coinciden en que la cifra de víctimas mortales por violencia de género, de condenados por maltrato y de denuncias deben ser claves a la hora de distribuir el dinero.

Además de esta última cuestión, Igualdad quiere abordar los programas de reeducación de los agresores y los dispositivos para el control telemático de las medidas de alejamiento del agresor.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno anunció que los hombres imputados y condenados por delitos de maltrato podrán ser obligados por el juez a llevar siempre una pulsera electrónica con GPS para controlar sus movimientos y, de este modo, mejorar la protección de las mujeres amenazadas.

Para ello, aprobó autorizar la activación de un sistema de GPS y cinco millones de euros para que las comunidades puedan adquirir los dispositivos.

A este respecto, regiones como Castilla-La Mancha, Aragón o Castilla y León demandarán mayor información sobre cómo se pondrá en funcionamiento este sistema, cuál será su coste de implantación y qué administración será la responsable del mismo.

Canarias también pedirá explicaciones sobre su mantenimiento y sus garantías operativas.

Esta última región pedirá, por otro lado, que los fondos para la reeducación de agresores sean gestionados directamente por las unidades de coordinación de violencia machista de las subdelegaciones, o en su defecto, se transfieran a las consejerías y direcciones generales con competencias en justicia y seguridad.

A finales del año pasado, el Gobierno regional canario pidió el cumplimiento íntegro de las penas y que los programas de reinserción o tratamiento voluntario de los agresores no se ligaran a los beneficios penitenciarios.

Por otro lado, la Comunidad Valenciana planteará la elaboración de un mapa nacional de recursos asistenciales que permitan a las mujeres víctimas con mayor riesgo desplazarse a otras regiones.