El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo el lunes que los casos de corrupción aumentaron un cien por cien en 2008 con respecto al año anterior debido a que la sociedad es más exigente tras 30 años de vida constitucional.

"Y es que la sociedad (...) exige ese esfuerzo, no siempre grato, por erradicar las conductas corruptas vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores", dijo Conde-Pumpido en su discurso en el acto de apertura del año judicial que presidió el Rey Juan Carlos.

En el año 2008 se tramitaron algo más de 4,6 millones de procedimientos penales, un 3,4% que el año anterior, con una subida de los homicidios del 16 por ciento.

El 50 por ciento de los delitos fueron hurtos, robos y contra el patrimonio, pero una de las cuestiones que más destaca la Memoria de la Fiscalía es el aumento del 17 por ciento del número de grupos relacionados con el crimen organizado asentados en España.

Conde-Pumpido se refirió a la lucha antiterrorista y elogió la cooperación persistente y eficaz que existe especialmente con Francia, que el lunes entregó a la justicia española a Mikel Garikoitz Aspiazu "Txeroki", considerado uno de los dirigentes de ETA más importantes, la primera vez que lo hace sin haberlo juzgado previamente.

El fiscal general también pidió una reforma de la Ley de Partidos para poder disolver un ayuntamiento gobernado por una mayoría de concejales elegidos en una lista de un partido ilegalizado, refiriéndose al caso de ANV en el País Vasco y Navarra.

También pidió que la próxima reforma del Código Penal defina mejor el concepto de organización criminal, especialmente las de carácter terrorista, separándolas definitivamente del concepto de asociaciones ilícitas.

Sobre el terrorismo de origen islámico, Conde-Pumpido dijo que el año pasado 61 personas fueron puestas a disposición judicial "por su relación con el terrorismo islamista", lo que elevó a 438 el número de detenidos yihadistas desde el 11 de marzo de 2004.

Finalmente, el discurso del máximo representante de la Fiscalía hizo alusión a la persecución en España de los delitos de lesa humanidad, la llamada Justicia Universal, y pidió que se establezca un límite para su competencia.

"Proponemos que el ejercicio de la Jurisdicción Universal de nuestros tribunales se vincule (...) al requisito de que no exista o haya existido una efectiva investigación por los mismos hechos en el Estado donde hayan tenido lugar, y que los que han de investigarse guarden algún tipo de conexión de naturaleza histórica, social, cultural, geográfica o jurídica con España que justifique y permita la intervención de nuestra Justicia", dijo.

TRIBUNAL SUPREMO

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, se mostró confiado en que gracias al plan de actualización y modernización acometido por el alto tribunal los asuntos pendientes estén al día para 2012, coincidiendo con el segundo centenario de la creación del organismo.

la que va más retrasada -, tiene una repercusión económica de grandes dimensiones.

aproximadamente- a 6.000 millones de euros (un billón de las antiguas pesetas), cifra equivalente al triple del presupuesto de todo el Ministerio de Justicia para el año 2009", dijo Dívar.

El Gobierno aprobó el viernes el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, con un presupuesto de 600 millones, que busca una profunda transformación del servicio público de justicia, tras la cual los tribunales trabajarán en red y en tiempo real y habrá más tribunales y personal.