El supuesto fraude 'masivo' en el sector fotovoltaico aireado por el Ministerio de Industria en octubre de 2008 se ha quedado en poca cosa: de masivo, nada. De los casi 3.400 megavatios (Mw) solares que había en España el año en que se produjeron las presuntas irregularidades, sólo se ha podido demostrar fraude en unos 73 Mw, a años luz de los 700 Mw que llegó a barajar el propio sector y de los más de 1.000 Mw de los que hablaba el departamento de Miguel Sebastián en sus conversaciones con las patronales fotovoltaicas.

Los casos de fraude para los que ha habido castigo, en forma de retirada total o parcial de la subvención que reciben las plantas, corresponden a dos supuestos. Por un lado, son instalaciones que admitieron que no funcionaban antes de octubre de 2008, cuando la prima que cobran los huertos por su producción eléctrica bajó un 30%, y accedieron a un recorte de su retribución en ese porcentaje tras la amnis-tía ofrecida en agosto pasado por Industria. En concreto, son 913 instalaciones que concentran el grueso de la potencia fraudulenta (61,6 Mw).

913 plantas admitieron que estaban cobrando de forma fraudulenta

Por otro lado, se trata de plantas cazadas en la investigación encargada por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para determinar si los huertos funcionaban en la fecha límite. Los casos flagrantes, además, han sido trasladados a la Fiscalía, según el Ministerio. Estas plantas se quedan sin prima y además deben devolver las subvenciones cobradas, con intereses. Pero son una minoría: poco más de 10 Mw.

Los técnicos de Industria calculan que los huertos castigados (bien por la amnistía, bien porque se ha demostrado que cometieron fraude) dejarán de cobrar subvenciones (pagadas por todos los consumidores a través de la tarifa eléctrica) por importe de unos 30 millones de euros al año. A largo plazo, y teniendo en cuenta que las instalaciones afectadas aún deberían percibir prima durante 20 años, equivale a 600 millones.

Sin embargo, está muy lejos de las astronómicas cifras que se manejaban cuando se detectaron los indicios de un fraude que la ONG Transparencia Internacional atribuyó en mayo pasado a 'la ausencia de un mecanismo de control riguroso' de las nuevas plantas que entraban en el sistema por parte de la Administración. Los huertos fraudulentos tenían la preceptiva acta de puesta en marcha, que otorgan, en la inmensa mayoría de casos, las comunidades autónomas. Tras el boom solar de 2008, el Ministerio puso en marcha un registro centralizado para controlar la entrada de nuevas instalaciones.

El Estado encargó la investigación a Tragsa, por un precio que no ha desvelado

La semana pasada, la Dirección General de Energía enmendó la plana a la CNE al admitir que la 'inmensa mayoría' de las plantas a las que el regulador había retirado cautelarmente la subvención en los últimos meses tiene derecho a que se le devuelva. Sobre un total de más de 8.000 instalaciones sospechosas, el regulador había castigado preliminarmente a 1.917 huertos, que suponían el 3,5% de las plantas que hay en España y 242 Mw, equivalentes al 6,3% de la potencia instalada con esta tecnología.

Industria ha analizado sólo una muestra (347 plantas) de las instalaciones a las que había castigado la CNE, pero ya ha exonerado a la mayoría tras el trámite de audiencia a los afectados, una posibilidad que el regulador energético no ofreció, porque el decreto que elaboró el Ministerio hace un año instándole a investigar no la preveía. Con la devolución de las primas retiradas (más intereses) se pretende evitar el estrangulamiento financiero de las empresas afectadas.

La CNE puso reparos a muchas plantas por defectos de forma en la documentación

Los promotores debían aportar facturas, certificados de obra o referencias catastrales que acreditaran que estaban en marcha a 30 de septiembre de 2008. Tras revisar los expedientes, Industria ha comprobado que los reparos de la CNE se debían, en muchos casos, a pequeños defectos de forma en la documentación presentada.

Como el regulador no tiene medios materiales para inspec-cionar más de 8.000 plantas, el organismo que, desde la semana pasada, preside Alberto Lafuente, encomendó la tarea a la empresa pública Tragsa. Ni esta firma ni el Ministerio ni la CNE informan de cuánto dinero se ha gastado el Estado en esta investigación, ni de los medios materiales y humanos dedicados a ella. Según el regulador energético, el dato es 'confidencial'.

La constatación de que el fraude masivo no era tal ha provocado una mezcla de alivio e indignación en el sector, que nunca negó la existencia de irregularidades con motivo de la espectacular burbuja de 2008, año en el que se instalaron más MW solares en España que en el resto del mundo, aunque se considera objeto de una persecución.

Javier Anta, presidente de la patronal de promotores e instaladores medianos y pequeños, Asif, lo resume así, al hablar de otro supuesto fraude aireado en abril de 2010: 'Se nos acusó de conectar generadores de gasoil para cobrar las primas y de ser tan tontos como para dejarlos funcionando de noche; la investigación posterior demostró que todo eran errores de medición, pero el daño de imagen ya estaba hecho'. Anta, además, lamenta que la CNE informara del resultado de su inspección 'por entregas, como si fuera un culebrón, facilitando un goteo de noticias negativas durante meses, sin justificación alguna'.

El presidente de Asif, que tras difundirse las sospechas de fraude en el sector pidió 'valentía' al Gobierno para que lo atajase, en clara alusión al papel de las comunidades autónomas, critica el método elegido por Industria para perseguirlo. En su opinión, el decreto publicado en agosto pasado, que originó las inspecciones de la CNE, 'invierte la carga de la prueba, es decir, convierte a los fotovoltaicos en presuntos culpables que deben demostrar su inocencia. Este planteamiento tan sui géneris descarga de responsabilidades a los demás agentes implicados en la tramitación de las instalaciones'. Sin citarlas, Anta se refiere, de nuevo, a las autonomías.

El sector se queja de que el recorte del 30% para su retribución (también para las plantas que ya estaban en marcha) aprobado a finales del año pasado les ha dejado en una situación crítica. Acusan al Ministerio de haberles endosado buena parte del esfuerzo llevado a cabo para intentar atajar el denominado déficit de tarifa (diferencia entre ingresos costes regulados del sistema eléctrico). La energía fotovoltaica (la más cara) carga con la mitad de los 4.600 millones de euros de recorte de costes del sistema que contempla un decreto aprobado a finales del año pasado, como recuerdan Anta y su colega Juan Laso, presidente de la patronal AEF, que agrupa a los promotores de mayor tamaño.

Ambos creen que Industria ha cedido a las presiones de las grandes eléctricas, que han pedido sin tapujos que se cierre el grifo a las primas solares para contener la deuda eléctrica. Pero son optimistas de cara al futuro. Laso, que dice que el accidente nuclear de Fukushima (Japón) puede suponer 'un antes y un después' para la tecnología solar, confía, al igual que Anta, en que los tribunales den la razón al sector, que ha recurrido el recorte retroactivo de su retribución.