El 18 de julio, la cuenta de Twitter de la Generalitat se hacía eco de un artículo de la revista El Temps sobre el Mercado Central de València. Se trata de un reportaje cultural sobre la importancia arquitectónica de uno de los edificios más espectaculares de la capital del Turia, y así lo especifica el texto, que lo enmarca en el espacio geográfico al cual se dirige la revista: los Països Catalans. Este, pero, es un término tabú en el lenguaje político valenciano y que ha sido totalmente proscrito en la esfera pública. De hecho, de tan escondido, que el responsable de redes de la Generalitat no debía ni saber qué suponía y copió tal cual la entradilla donde se menciona el concepto prohibido.

La sola mención de los Països Catalans en una cuenta oficial de la Generalitat ha despertado una virulenta reacción de la derecha, tanto política como mediática, con artículos en diferentes medios y comentarios en las redes sociales de primeras espadas políticas, como el alcaldable del PP en València, María José Catalá o el dirigente de Ciudadanos en la misma ciudad, Fernando Giner. Pero quien más ha destacado en esta reacción desmesurada a un tuit más bien inocente –y además borrado rápidamente– ha sido el flamante presidente del PPCV, el alicantino Carlos Mazón, quien ha hecho hasta seis comentarios, entre tuits y retuits, en su perfil de Twitter.

Esto puede parecer una anécdota. De hecho, el mismo director de El Temps, Manuel Lillo no le da más importancia, a pesar de que su publicación ha sido acusada de hacer "propaganda" y se ha criticado que reciba las ayudas públicas: "Es la actitud de la derecha de toda la vida contra cualquier medio que publica en valenciano, no me ha sorprendido nada y, de hecho, ya estamos acostumbrados", ha explicado a Público.

La anécdota, sin embargo, sirve para ilustrar perfectamente el giro anticatalanista que Mazón le está dando al PPCV al poco de llegar a la presidencia del partido, después de unos años en que Isabel Bonig prefirió modular esta cuestión y bajarle unos decibelios, sobre todo en algunos temas, como el cuestionamiento de la unidad de la lengua. En cambio, la primera visita que Mazón ha hecho en València, ya con el nuevo cargo, ha sido a Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), los dos reductos del secesionismo lingüístico, hoy en horas muy bajas.

"Yo veo un movimiento más en clave interna, de un alicantino intentando posicionarse dentro del PP valenciano, que son muy suyos, más que una acción que tenga réditos políticos claros. Más bien es una muestra de desorientación y de no conocer la realidad valenciana [en referencia a la provincia], puesto que Mazón debe de pensar que esto tiene más fuerza de la que tiene", explica el periodista y estudioso del mundo anticatalanista valenciano, Francesc Viadel. De hecho, el gesto de Mazón con sus entidades estrella tampoco ha despertado demasiadas pasiones entre los mismos interesados, por lo que se puede leer en los foros y redes sociales del mundo blaver –tal como se denomina a los sectores anticatalanistas en el País Valencià–, donde todavía cuece la "traición" de Eduardo Zaplana con la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en 1998.

Viadel también recuerda que, una vez absorbida Unión Valenciana, "ya no hay demasiado voto a rascar de este conflicto, la mayoría vota al PP, y los que todavía no lo hacen, tampoco lo harán ahora. El PP les ha engañado demasiadas veces con su extrema contradicción, puesto que es secesionista cuando se encuentra a la oposición y normativista cuando gobierna".

De hecho, el mismo Mazón sería un ejemplo perfecto de esta contradicción. Cuando en 1999 llegó a la dirección de la Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), en sustitución de Ximo Lanuza, de Unión Valenciana, una de sus primeras decisiones fue volver la institución a la obediencia normativa. El periodista Víctor Maceda asegura en este artículo que en una reunión con los representantes del Consell Valencià de la Juventud, Mazón les prometió que el IVAJ "no volvería a cometer faltas de ortografía".

De hecho, si bien la estrategia de la confrontación identitaria y el anticatalanismo dio grandes réditos electorales al PP en los 90, la situación no se ha repetido más recientemente. Los años previos a las elecciones del 2015, el PP, entonces presidido por Alberto Fabra, intentó resucitar el fantasma del catalanismo para evitar una más que previsible debacle electoral. Maria José Catalá, quien en el momento era consellera de Educación y Cultura, intentó minar la AVL con un fortísimo recorte presupuestario. Paralelamente se proponía una Ley de señas de identidad con la misión de establecer qué identificaba y qué no a los valencianos y dónde se reconocían las titulaciones de valenciano del Lo Rat Penat, a pesar de darse con una ortografía no normativa. El intento no salió bien y los siguientes comicios certificarían la derrota del PP y la llegada del primer gobierno progresista.

Los restos de la batalla lingüística

Lo Rat Penat es la asociación histórica del valencianismo, fundada el 1878 por diferentes prohombres del renacimiento valenciano. A pesar de su talante conservador, durante el franquismo fue una de las pocas entidades donde se podía aprender a leer y escribir en la lengua propia, acogiendo varios intelectuales que después serían expulsados por "catalanistas", como Joan Fuster o Manuel Sanchis Guarner, durante la convulsa transición valenciana. De hecho, tanto Lo Rat Penat como la Real Acadèmia de Cultura Valenciana –una fundación pública creada por la Diputación de València el 1978– fueron las entidades capitanas en el intento de crear una ortografía valenciana que rompiera el consenso de las Normas de Castelló, en la llamada Batalla de València. Su momento de gloria llegó en los años 90, cuando Unión Valenciana llegó a algunas instituciones desde donde impuso las llamadas Normas del Puig en rotulación y publicaciones oficiales, pero empezaron a declinar a partir de la "paz lingüística" impuesta por Zaplana con la creación de la AVL y su blindaje estatutario. A pesar de esto, los vestigios del blaverismo se han negado a aceptar el acuerdo y continúan pidiendo el cierre de la AVL, una pretensión que solo Vox ha incluido en el programa electoral.