La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) celebrará elecciones presidenciales dentro de una semana, el 17 de diciembre. Por segunda vez en su historia, habrá dos candidatos en liza: Juan Rosell, que aspira a un segundo mandato , y Antonio Garamendi, máximo responsable de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme). Los programas de ambos guardan bastantes similitudes, entre ellas una nueva vuelta de tuerca a los derechos de los trabajadores. Aunque también mantienen ciertas diferencias.

Una de las más destacadas se refiere a los tipos de contratación. En su documento CEOE 2015-2018: Futuro y propuestas concretas, Rosell aboga por que haya menos y 'más adaptados a la realidad actual'. En cambio, Garamendi, cuyo programa se titula De nuevo. Independencia, ética y transparencia, se muestra partidario de mantener las modalidades que 'se adapten mejor a todos los sectores' y advierte de que reducir 'sin motivo' el actual abanico de posibilidades 'puede suponer una incomodidad para las empresas'

Sin embargo, uno y otro coinciden en plantear un aumento de la desregulación de los procedimientos en el ámbito laboral. El actual presidente de la CEOE pide 'aligerar el papeleo en cuanto a contratos, recibo de salarios y notificaciones entre las partes'. Su rival considera 'imprescindible' para ganar competitividad 'un marco regulatorio más adaptable a las especiales circunstancias por las que atraviesan las empresas' y, en particular, una negociación colectiva que permita acomodar las plantillas a las necesidades de cada momento.

Tanto Rosell como Garamendi se comprometen a dar la batalla para que los empresarios españoles disfruten aún de más libertad a la hora de organizar el trabajo y de fijar las retribuciones. El primero de ellos propugna una mayor flexibilidad en la distribución de la jornada y en materia de movilidad funcional, el aumento de las horas extraordinarias y la extensión de la retribución variable ligada a objetivos. El nuevo aspirante a la presidencia de CEOE apunta en la misma dirección y defiende que los salarios estén vinculados 'a la productividad de cada compañía e incluso de cada puesto de trabajo'.

Los dos candidatos consideran necesario aligerar las cargas que actualmente soportan las empresas. Rosell se centra en la rebaja de las cotizaciones a 'valores similares a los del resto de los países de nuestro entorno' y de los impuestos en general, con objeto de 'hacer nuestra economía más competitiva y con mayor capacidad de atraer inversiones'. Garamendi tira por elevación y señala la conveniencia de 'reducir de manera urgente los costes de las empresas, ya sean laborales, fiscales, energéticos, sociales o de cualquier otro tipo' para facilitar que cumplan con su función de crear empleo.

Precisamente es este último el que introduce dos aspectos muy controvertidos en su programa electoral. Por un lado, al aludir a la dualidad del mercado de trabajo, recuerda la utilidad de los contratos temporales y a tiempo parcial, pues 'permiten adaptar las plantillas a las necesidad concretas de negocio'. Y, por otro, pide la regulación del derecho de huelga, sobre el que formula dos propuestas concretas: que la convocatoria se tenga que votar en urna y que estén prohibidas las 'acciones informativas' (piquetes) el día en que el paro se desarrolle.