El escándalo de las escuchas amenaza con devorar a James Murdoch, presidente de News International, la rama británica de News Corporation. El hijo del magnate Rupert Murdoch podría ser investigado por haber engañado al comité parlamentario donde ambos declararon sobre el caso el martes pasado.

Dos antiguos empleados del grupo, el que fuera director del sensacionalista News of the World antes de su cierre a raíz del escándalo, Colin Myler, y el ex asesor legal de la compañía Tom Crone, desmintieron la versión que dio James sobre su conocimiento del alcance de los pinchazos ilegales de cientos de teléfonos.

El primer ministro británico, David Cameron, muy salpicado por el caso debido a su cercanía a ejecutivos de News Corp. –el fichaje del exdirector del NOWT, Andy Coulson, como asesor de comunicación, se vio obligado ayer a tomar cartas en el asunto. “Claramente, James Murdoch tiene preguntas pendientes para contestar al Parlamento y yo estoy seguro de que así lo hará”, declaró el mandatario.

El escándalo ya ha forzado la dimisión de varios altos cargos del grupo, como la consejera delegada de News International, Rebekah Brooks.

La nueva polémica se centra en las escuchas telefónicas al presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, Gordon Taylor, por parte del NOWT. En 2008, el grupo llegó a un acuerdo extrajudicial, pagando a Taylor una indemnización de 700.000 libras. Entonces, Myler hizo circular un correo electrónico dirigido al periodista estrella del periódico pero con copias a otros directivos en el que contaba que no se trataba de un caso aislado y que las escuchas ilegales eran una práctica mucho más generalizada en el periódico.

Ante la pregunta de los diputados el pasado martes, James Murdoch negó que supiera de este correo, pero Myler y Crone aseguraron en un comunicado el jueves por la noche que su entonces jefe sí estaba al tanto. Murdoch se afirmó ayer en su versión en otro comunicado.

“Si la versión [de Myler y Crone] es correcta, demuestra que James Murdoch tenía conocimiento de que había más gente metida en los pinchazos tan pronto como 2008 y que falló en poner orden o iniciar una investigación interna”, dijo ayer el diputado laborista Tom Watson, el principal azote de los Murdoch desde hace tiempo.

Goodman y el investigador Glenn Mulcaire de NOTW fueron encarcelados por delito de intromisión en la vida privada de miembros de la familia real al pinchar ilegalmente los teléfonos de los Windsor. Por aquel entonces, la empresa de los Murdoch mantenía que las escuchas telefónicas se limitaban a un caso aislado, el que era castigado con la cárcel para Goodman y Mulcaire.

Watson envío ayer una carta a la Policía pidiendo que se investigue si Murdoch estaba involucrado en las escuchas ilegales. Por su parte, otro diputado laborista, Chris

Bryant, mandó una carta a los consejeros de News Corp., entre los que figura el expresidente José María Aznar, instándoles a suspender a Rupert y James Murdoch de sus funciones en la empresa.

Dar testimonio falso en una comisión parlamentaria, en teoría, podría acarear una multa y hasta una pena de cárcel, aunque en la práctica la legislación es algo ambigua al respecto. El presidente de la comisión que interrogó a los dos magnates, John Whittingdale, declaró ayer a la cadena BBC que “la comisión no tiene competencias para sancionar a los que comparecen ni las facultades de investigar la veracidad de lo que dicen”. En España no existe ningún mecanismo para castigar a personas que prestan falso testimonio en las Cortes.

Desde que comenzó la investigación policial, ya han sido detenido para interrogatorio diez personas vinculadas en el pasado con News International, entre ellos Brooks y Coulson.

Otro frente abierto ayer en este escándalo que enreda a políticos, policías, periodistas, abogados, ejecutivos, famosos y víctimas del crimen, fue la decisión del FBI en Estados Unidos de pedir al actor Jude Law las pruebas de que su teléfono fue intervenido en el 2003 en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

El actor aduce que una información publicada por NOTW en septiembre del 2003 procedía de una conversación telefónica privada con su asistenta. La lista de personas que dicen haber sido escuchadas asciende a unos centenares, pero los investigadores calculan que la totalidad de los pinchazos desde 2003 podría llegar a los 12.000 teléfonos intervenidos.