La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha criticado con dureza el frustrado cambio en la relación contractual entre fabricantes de coches y concesionarios que PP y CIU colaron a través de una enmienda en el trámite de la Ley de Economía Sostenible. Según Competencia, obligar a las marcas a quedarse los vehículos que no se hubieran vendido en un plazo de 60 días, como señala esa enmienda, habría sido una medida 'injustificada' y 'desproporcionada', que habría restringido 'la libertad de empresa, la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y la competencia en el mercado de distribución de automóviles, en perjuicio, en última instancia, de los consumidores'. El organismo admite 'posibles problemas' en la actual relación contractual entre distribuidores y fabricantes, pero cree que ese cambio 'no garantiza mejores precios para el consumidor'.

Al final, la sangre no ha llegado al río. Las principales organizaciones empresariales del sector y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, han rubricado el acuerdo alcanzado la semana pasada para poner fin al enfrentamiento y dejar sin efecto la polémica enmienda, de la que se arrepienten incluso alguno de los grupos que la propuso, como CiU.

A la CNC tampoco le gusta el sistema actual, que deja el riesgo al vendedor

El Ministerio se ha comprometido a presentar antes de tres meses el anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución, que se convertirá en el nuevo marco jurídico para arbitrar las relaciones entre las partes. Entretanto, el departamento de Sebastián presentará un código de conducta para dirimir posibles divergencias.

Este fin de semana, en una entrevista con Público, el ministro prometió 'una fórmula equilibrada' para la relación entre las partes, y admitió que la fórmula vigente hasta ahora es perjudicial para los vendedores: 'No es de recibo que el concesionario asuma el 100% del riesgo, pero tampoco lo es que lo haga el fabricante', indicó.