El calendario asfixia a las cajas en su proceso de bancarización. Salvo La Caixa, que cerró con éxito su emisión de 1.500 millones de bonos convertibles en acciones de CaixaBank, varias cajas enviaron ayer el mensaje de que pueden quedar desfondadas (mal vendidas) en esa carrera por cumplir con los plazos que exige el decreto sobre reordenamiento del sector financiero. 'Si hay que conseguir capital a tres meses vista, no se venden las cosas al mismo precio que si tienes más plazo'. La queja, que después Braulio Medel, presidente de Unicaja, quiso reducir a reflexión, se atrincheró también como petición en los discursos de Manuel Menéndez, Carlos Egea y Amado Franco, presidentes de Cajastur, BMN e Ibercaja, respectivamente.
Todos ellos reclamaron, durante unas jornadas económicas en la UIMP de Santander, más tiempo al Banco de España. Más tiempo para no tener que negociar su futuro entre la continua tensión que se vive en los mercados por la crisis griega y el encarecimiento de la prima de riesgo española. Más tiempo para que la rigidez de las fechas (30 de septiembre y hasta marzo, en aquellas que decidan salir a Bolsa) no mine su valoración en libros, y más tiempo para poder asumir el 'muy elevado' coste de la reducción de plantillas. 'El Banco de España, con el conocimiento que tiene del sector, sabrá manejar los tiempos para que los precios no estén afectados por la premura', reflexionaba Menéndez. 'Si el plazo es perentorio, las condiciones serán peores', incidía Franco.
'El techo de salida de La Caixa (el 80% de su valoración en libros) antes se veía lejano; y ahora, con prismáticos por el tema griego y la marcha atrás de Atento (filial de Telefónica)', exponían ayer desde el sector. 'Hay que rebajar el dramatismo que está habiendo sobre la colocación de algunas entidades (en alusión a Bankia)', señalaba Medel. Hace unas semanas, en el sector se barajaba una valoración media que oscilaba entre el 55% y 65% en el precio de las cajas. 'Como sigamos así, nos valorarán con un descuento del 90%', aseguraban ayer sarcásticamente desde una caja que será nacionalizada.
El mejor escenario que maneja Bankia es salir al parqué únicamente con un descuento del 30% sobre su valor en libros. La entidad que preside Rodrigo Rato reforzó ayer su intención de cotizar cuanto antes al aprobar solicitar la admisión a cotización, un signo evidente de que, por el momento, no se ha echado atrás en su intención de salir a los mercados en julio.
Bankia aprobó ayer pedir la admisión a cotización en el mercado continuo
Si el Consejo de Administración de Banco Financiero y de Ahorros (la matriz de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas) recibió duras críticas por la enorme presencia de representantes públicos y políticos, ayer Bankia (el banco del grupo) configuró su principal órgano de gobierno con una mayor presencia de independientes. Nombró a 15 miembros, de los que seis son independientes, tres ejecutivos y seis dominicales, es decir, en representación de las cajas propietarias. Obviamente, el presidente será Rato, y entre los consejeros destacan algunos de marcado carácter político como Arturo Fernández (el empresario cercano a Esperanza Aguirre que en las últimas semanas se ha posicionado en contra de llegar a un acuerdo con los sindicatos en la negociación colectiva para no perjudicar al PP) o José Manuel Fernández Norniella, hombre de confianza de Rato, que está en representación del PP. Los independientes son Carmen Cavero, Alberto Ibáñez, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros y José Manuel Serra.
En las numerosas quejas que trasladó ayer Medel sobre cómo las autoridades han llevado el proceso de reestructuración del sistema financiero español, tuvo una crítica especial para la diferenciación que se ha hecho entre cajas y bancos. La obligación de elevar la solvencia hasta el 10% en las entidades que no cotizan en Bolsa ha llevado a que las cajas tengan unas necesidades de capital de hasta 14.077 millones. Si las mismas exigencias, dijo Medel, se hubieran aplicado a los bancos, hubieran tenido que hacerse con 16.700 millones. Los efectos de la medida pueden ser tan rocambolescos que una caja puede cumplir la norma después regalando acciones.
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