La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la introducción en España de extranjeras para ejercer la prostitución en casas de citas de Bilbao, Santander y Pamplona y ha detenido a 20 personas, quince de ellas mujeres de nacionalidad rusa y paraguaya que se encuentran en situación ilegal.

Según informa la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, entre los arrestados están los dos administradores de la sociedad titular de las casas de prostitución, así como el hermano de uno de éstos.

Los detenidos en Pamplona por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros relativo a la prostitución y detención ilegal son Fernando Pedro Santiago G.S., Rosario B.C., alias "Sena", y Pedro B.C.

La Policía asegura que los dos primeros también regentaban en Santander un prostíbulo ubicado en un chalé en la calle Alejandro García, denominado "Rincón de Sena". En el registro a ese local, los agentes identificaron a nueve mujeres paraguayas y a una rusa, que quedó detenida por encontrarse en España de forma ilegal.

En el conjunto de la operación, han sido arrestadas por estancia ilegal doce ciudadanas paraguayas y tres rusas y por un delito relativo a la prostitución otras dos paraguayas.

Las mujeres, de extracto social humilde, eran reclutadas en sus países de origen y les ofrecían la posibilidad de viajar a España y conseguir trabajo.

En Paraguay la red usaba una agencia de viajes para la tramitación de los desplazamientos.

Algunas de las mujeres se vieron obligadas a hipotecar sus escasas propiedades para conseguir el dinero necesario para viajar y al llegar a España fueron hospedadas en las casas de citas y obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída, fijada de manera arbitraria por la organización en 5.500 euros.

Las extranjeras eran controladas por una mujer de confianza de los responsables del grupo, sometidas a unos horarios prolongados y vigiladas a través de cámaras.

El dinero obtenido a través de los contactos con los clientes era fiscalizado por la encargada de los inmuebles respectivos, quien entregaba el 50 por ciento a cada uno de los administradores y el otro 50 por ciento era destinado a amortizar la deuda contraída.

Las mujeres permanecían en estas casas por espacio de un mes y rotaban periódicamente de una vivienda a otra, sin posibilidad de mantener contacto con el exterior, ni poder efectuar llamadas telefónicas, mientras que la recaudación mensual obtenida por cada una de estas casas de prostitución oscilaba entre 40.000 y 60.000 euros.

La investigación fue iniciada por la comisaría provincial de Bilbao al descubrir que en una casa de citas de Erandio una chica extranjera era obligada a ejercer la prostitución.

Las gestiones posteriores determinaron que con la misma denominación y gestionadas por la misma empresa operaban otros dos establecimientos similares en las localidades de Zizur Mayor (Navarra) y en Santander.

La Jefatura Superior de Policía de Cantabria había recibido con anterioridad una denuncia anónima en la que se daba cuenta de la existencia de un inmueble en la capital cántabra en el que diez ciudadanas extranjeras eran presuntamente coaccionadas a ejercer la prostitución en contra de su voluntad.

De manera coordinada se puso en funcionamiento un operativo policial en las tres provincias en el que participaron agentes de Santander, Pamplona y Bilbao.