La Comisión Europea (CE) amenazó hoy con denunciar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE si el país no modifica las nuevas leyes adoptadas y los cambios introducidos en su Constitución, contrarios al Derecho y los valores de los Veintisiete.

A principios de año entró en vigor en Hungría una nueva Constitución que, según el análisis legal concluido por Bruselas, resulta "incompatible" con el Derecho comunitario, al poner en peligro la independencia del Banco Central húngaro y de la autoridad responsable del control de datos.

Las reformas incluyen además el adelanto obligatorio de la edad de jubilación de los jueces de los 70 a los 62 años, una medida que en la práctica se ha traducido en una "purga" que afecta a más de 250 magistrados y que, según Bruselas, supone una "discriminación" que vulnera las normas europeas.

Por ello, el colegio de comisarios, reunido en Estrasburgo (Francia), anunció hoy la apertura de tres procedimientos sancionadores contra Hungría, que pretenden corregir cada uno de los problemas detectados.

Bruselas ha dado a las autoridades del país un plazo de un mes (la mitad del tiempo que normalmente se concede en estos casos) para que tomen las medidas necesarias para enmendar las leyes.

Por otra parte, la CE ha pedido a Budapest que aporte más información sobre la independencia del poder judicial en el país, según explicó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en una comparecencia ante la prensa.

Barroso lamentó que las autoridades húngaras no respondieran a las primeras advertencias realizadas por la CE, y confió en que los problemas se resuelvan "lo antes posible".

"Las decisiones que hemos adoptado hoy reflejan nuestra determinación de garantizar el cumplimiento íntegro del Derecho europeo, en letra y espíritu, y la existencia de un entorno legal estable en todos los Estados miembros", indicó.

En el caso de que las autoridades húngaras no respondieran de manera satisfactoria en el próximo mes, la Comisión les enviaría un dictámen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, previo a la denuncia ante el Tribunal de la UE.

Bruselas confía en que los problemas se resuelvan a tiempo y no sea necesario recurrir a la Justicia europea.

Para impulsar las conversaciones entre la CE y las autoridades húngaras, el primer ministro magiar, Viktor Orbán, se reunirá con Barroso en Bruselas el próximo 24 de enero.

El Gobierno húngaro anunció además en un comunicado que el país responderá "lo antes posible" a la apertura de expedientes por parte del Ejecutivo comunitario.

Las autoridades de Budapest hicieron hincapié en su compromiso por garantizar la independencia de las tres áreas que preocupan a Bruselas, e indicaron que el paso dado por la CE ofrecerá la posibilidad de iniciar un profundo debate entre las partes.

Según los analistas, uno de los aspectos más espinosos de la decisión adoptada hoy se refiere a su posible impacto sobre el préstamo de entre 15.000 millones y 20.000 millones de euros que Hungría espera recibir del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea.

La CE y el FMI suspendieron en diciembre las conversaciones preliminares que mantenían con Budapest por los temores a que la ley sobre el Banco Central húngaro socavara la independencia de esa entidad.

Las conversaciones iban a iniciarse formalmente en enero, pero la fecha fue aplazada "sine die" debido a la aprobación de la polémica ley.

Fuentes comunitarias precisaron hoy, sin embargo, que el expediente iniciado y la negociación de las ayudas "son cosas separadas".

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, se reunirá el día 20 en Bruselas con Tamás Fellegi, el ministro húngaro sin cartera encargado de negociar con la CE y el FMI el préstamo solicitado.

Desde el Parlamento Europeo, tanto los diputados del grupo de los Verdes como de los liberales (ALDE) han insistido en que la UE debe adoptar una sanción contundente contra Hungría por haber quebrantado con su nueva legislación los derechos fundamentales de la UE.

El líder de los liberales, Guy Verhofstadt, consideró que los procedimientos anunciados por Bruselas son insuficientes, y pidió que se active la cláusula del artículo 7 del Tratado de Lisboa, por el que un país que viola los derechos y valores fundamentales de la UE pierde su derecho a voto en el Consejo.