Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato recurrirán la decisión del juez de imponerles una fianza de 16 millones y 3 millones , respectivamente, por los gastos cargados a la entidad en tarjetas opacas, han informado este viernes fuentes jurídicas.

No obstante, sus recursos, que se esperan previsiblemente la próxima semana, no paralizarán la orden de embargo que dictará el juez si no entregan esas cantidades antes del próximo miércoles, que pueden hacerlo tanto mediante transferencia o cheque o aportando cualquier tipo de bienes o avales bancarios.

Las fuentes consultadas aseguran que ambos exbanqueros están preparando tanto sus escritos con sus abogados, en los que alegarán que se tratan de cuantías 'desproporcionadas' y 'extemporáneas', como la forma en que pueden hacer frente a sus fianzas.

En el caso de que decidieran afrontar las cuantías aportando bienes, el Juzgado contrastará mediante un peritaje independiente si son suficientes para cubrir las cantidades.

Por el contrario, si no lograran reunir las sumas, se iniciará el proceso de embargo con una averiguación patrimonial de los imputados, en la que el juez pedirá a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que disponen.

Lo primero que embargará el juez son cuentas bancarias, acciones y otros títulos financieros

Con el listado completo, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos, salarios y pensiones.

Además, en el caso de que tuviera que embargar propiedades como pisos, emitirá una nota simple al registro para comprobar que no pesa ninguna carga sobre él.

Según el auto por el que ordenó esta medida, Blesa y Rato 'consintieron' y 'propiciaron' el uso indebido de fondos de la entidad mediante este sistema de tarjetas opacas cuyos gastos se contabilizaron de forma encubierta para 'evitar' los controles tanto de los auditores como de los órganos supervisores.

El juez les impuso el jueves estas cantidades, tras interrogarles como imputados, de forma proporcional a lo gastado bajo el mandato de cada uno, que en el caso de Blesa fue de 12.664.600 euros, y en el de su sucesor de 2.585.700, a las que sumó el 25 % que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y lo hizo a pesar de que Blesa alegara que se trataba de un sistema retributivo que se implantó en 1988, antes de su llegada a la entidad, y de que Rato justificara que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo.