El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, calificó el martes de inexplicables los paros registrados por el llamado "caso Mariluz" en los juzgados españoles y denunció el "corporativismo desmedido" que en su opinión está detrás de una "huelga encubierta".

Según el Ministerio de Justicia, la incidencia del paro de los secretarios judiciales fue de un 73,2% de acuerdo a los datos aportados por las Secretarías de Gobierno. La mayor incidencia se registró en la Audiencia Nacional, donde los paros alcanzaron el 90,8%, mientras que en el Tribunal Supremo fueron de un 81,8 por ciento.

Por Comunidades Autónomas, Cantabria fue la primera en secundarlo, con un 80,3%, mientras que en el País Vasco tuvo un seguimiento del 58,2 %.

Los secretarios judiciales pidieron la dimisión de Bermejo tras realizar un paro de tres horas, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, para protestar por las sanciones impuestas a una compañera por el llamado "caso Mariluz", así como para exigir una modernización de la Justicia.

Por su parte, los jueces, que han criticado las "injerencias" del Gobierno y la falta de medios en la Justicia, convocaron a esa misma hora juntas en las que suscribieron un acuerdo de los jueces decanos españoles en el que se defendía la independencia judicial y se denunciaba la abrumadora carga de trabajo de los juzgados.

Los paros responden a la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo que se aplicó a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que no tramitó adecuadamente la ejecución de una condena por pederastia a Santiago de Valle, acusado de la muerte de la pequeña Mariluz Cortés.

Este colectivo atribuye a un sistema judicial obsoleto los errores judiciales que provocaron que el presunto asesino de la niña onubense de 5 años estuviera en libertad, pese a las dos condenas por pederastia que tenía, una de ellas contra su propia hija.

Para evitar que casos como éste se repitan y que se tome como "cabeza de turco" a personas como la secretaria sancionada, los secretarios exigieron el desarrollo de la regulación de la Oficina Judicial y una reforma de las leyes procesales.

Por el mismo "caso Mariluz", la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial multó con 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no ordenar que se ejecutara la sentencia contra Del Valle.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Las críticas vertidas desde el Ejecutivo a la multa, que ahora podría ser modificada por el CGPJ, provocaron la movilización de los jueces, que consideran que lo que pretende el Gobierno es ocultar la responsabilidad del poder político en la falta de medios de la Justicia.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su respeto a las decisiones de los jueces, pero afirmó que existe la libertad de expresión ante las decisiones de un órgano como el CGPJ, que, destacó, "no es jurisdiccional".

"El Gobierno debe ser muy respetuoso, no valorar, no comentar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales (...) Es distinto cuando se producen resoluciones del CGPJ que tiene una naturaleza constitucional completamente distinta a lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, poner sentencias", declaró Zapatero durante una rueda de prensa el martes por la tarde.

Previamente, el ministro de Justicia también defendió el derecho del Gobierno a comentar las decisiones del órgano de gobierno de los jueces.

"Hemos dicho que la sanción (...) nos pareció escasa. Tenemos el legítimo derecho a decir eso y no parece razonable que la respuesta sea una huelga encubierta", dijo Bermejo el martes a los periodistas.

"Si alguien pretende ser intocable no lo va a conseguir", añadió.