El Gobierno italiano ganó el jueves una moción de confianza sobre un proyecto de ley que restringe el uso de las escuchas telefónicas por parte de la policía y sanciona a los medios que publiquen las transcripciones, desafiando fuertes críticas de la oposición, magistrados y periodistas.

La votación en el Senado se transformó en un caos cuando legisladores de la oposición ocuparon los escaños del Gobierno y la sesión fue suspendida en dos ocasiones hasta que fueron expulsados.

Después del incidente, la mayoría de los senadores de centroizquierda se retiraron de la sala, negándose a formar parte de lo que calificaron como una "ley mordaza", que obtuvo 164 votos a favor y 25 en contra.

El primer ministro Silvio Berlusconi pidió un voto de confianza sobre el proyecto de ley para acelerar su aprobación, ignorando los llamamientos de las críticas desde los medios de comunicación y la judicatura, para que no apruebe unas medidas que consideran benefician a los criminales y amordazan a la prensa.

Berlusconi dice que las nuevas normas son necesarias para proteger la privacidad, pero la oposición acusa al Gobierno de maniobrar para cubrir la corrupción con otra ley hecha a medida, tras aprobar leyes para evitar el procesamiento del primer ministro mientras esté en el cargo.

"Usted quiere esconder lo que trama, el uso privado que da a recursos públicos porque usted quiere que las personas sean un rebaño de ovejas ciegas", le acusó Anna Finocchiaro, líder en el Senado del Partido Democrático, de centroizquierda.

El sindicato de periodistas hizo un llamamiento a resistir la medida y convocó una huelga para el 9 de julio.

El proyecto de ley, que después del Senado debe regresar a la Cámara Baja para su aprobación final, permaneció varios meses en el Parlamento, pero el Gobierno lo desempolvó rápidamente después de que algunos periódicos publicaran transcripciones filtradas de una investigación de corrupción de alto nivel sobre contratos públicos que salpicó al gabinete de Berlusconi y forzó la dimisión del ministro de Industria, Claudio Scajola.

Según el proyecto de ley, los magistrados pueden ordenar escuchas solo si tienen pruebas serias de que se ha cometido un delito, tendrían que ser aprobadas por un comité de tres jueces y se mantendrían como mucho 75 días. Las renovaciones serían posibles solo de tres en tres días.

Además se necesitaría una autorización especial para intervenir los teléfonos de parlamentarios y sacerdotes. Los medios de comunicación no podrían publicar las transcripciones o resúmenes y afrontarían restricciones a la hora de informar sobre una investigación hasta que no acabe la fase preliminar, algo que en Italia puede tardar años.

Los editores que violasen la ley podrían ser multados con hasta 450.000 euros, y los periodistas afrontarían una condena de hasta tres años de cárcel.