La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha acusado hoy al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al Gobierno central, de haber cometido un "abuso institucional" en la investigación de la trama "Gürtel" y ha exigido "explicaciones" al respecto y "dimisiones de los responsables de Justicia".

En declaraciones a los periodistas, Barberá se ha referido a una información de El Mundo, según la cual la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que eliminase del sumario una conversación del "número dos" de la trama, Pablo Crespo, en la que niega a su abogado que se hubiese regalado trajes al president de la Generalitat, Francisco Camps.

La alcaldesa de Valencia, ha calificado de "indecentes" e "inmorales" estos hechos y ha exigido a los que lo han ordenado "que den explicaciones, asuman sus responsabilidades y pidan perdón".

"El Fiscal Jefe y detrás de él, el Gobierno, son quienes tienen que dar explicaciones de estas barbaridades, de estos abusos institucionales y pedir perdón a las personas a las que públicamente se les ha hecho tanto daño", ha afirmado.

Según la alcaldesa, "cuando encima se sabe que las declaraciones son absolutamente pruebas exculpatorias de quien han tenido siete meses sufriendo como si fuera parte de un caso delictivo, me parece indecente, cuanto menos inmoral".

"Yo y todos los españoles tenemos que pedir, primero explicaciones, y luego dimisiones de los responsables de la Justicia", ha señalado.

Barberá ha evitado pronunciarse sobre el "cese temporal" del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, pero ha insistido en que la grabación ilegal entre un acusado de la trama Gürtel y su abogado es "un tema de enorme alarma y gravedad institucional y de exigencia de responsabilidades inmediatas".

"Mal servicio están prestando los responsables de la Justicia en España a la independencia judicial. Se la están cargando y se están cargando el Estado de Derecho, y hay pruebas", ha sentenciado.

Para Barberá, ha habido "errores" pero "personas que hayan cometido errores o indeseables que se aprovechen de la confianza de amigos los hay en la política, las empresas y las familias, y evidentemente hay que explicarlo y reconocerlo".

No obstante, considera que "es gravísimo que se hayan hecho grabaciones absolutamente ilegales ordenadas en el locutorio de una cárcel entre una persona detenida y su abogado, basándose en un artículo de la ley que sólo se permite en casos extremos de terrorismo", ha concluido.