Tras la decisión de los líderes europeos de imponer al sistema financiero un ratio mínimo de solvencia del 9% —el llamado core capital—, los bancos españoles han empezado a desgranar sus necesidades de capitalización

Las necesidades adicionales de capital identificadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ascienden a 26.161 millones de euros. Santander y BBVA alcanzan los 22.057 millones de euros, lo que supone el 84,3% del total de déficit de los cinco grandes bancos españoles, según los nuevos criterios establecidos por el supervisor.

En concreto, el banco cántabro precisa un total de 14.970 millones de euros, el 57,2% del total, mientras que la entidad presidida por Francisco González requiere 7.087 millones, el 27% de la cifra global.

Por detras se sitúa Banco Popular, con 2.362 millones, lo que representa el 9,02% del total, seguido de Bankia, con un déficit de 1.140 millones, el 4,3%, mientras que las necesidades de La Caixa ascienden a 602 millones, el 2,3% del total.

Sin embargo, el Gobierno español reduce estas necesidades hasta los 17.000 millones de euros: el Ejecutivo admite como capital de calidad los bonos convertibles. Las entidades españolas 'cuentan con unas obligaciones obligatoriamente convertibles por un importe de alrededor de 9.000 millones, que podrán utilizar para cumplir con sus nuevas obligaciones', dijo Moncloa en un comunicado.

La misma cuenta hace el Santander: la entidad presidida por Emilio Botín reduce su necesidad de capitalización hasta los 6.474 millones de euros. La diferencia hasta los casi 15.000 millones se explica porque la entidad ha descontado los 8.497 millones de euros en bonos convertibles.

La Asociación Española de Banca cree que las exigencias de la UE son 'arbitrarias, altas y apartadas de las normas establecidas'

El resto de las entidades no ha afinado aún sus cifras, pero igualmente aseguran que pueden cumplir las nuevas exigencias por sí solas, ya sea a través de la reducción de activos de riesgo, la propia generación orgánica de capital o cualquier otra fórmula que les permita aumentar sus fondos de máxima calidad. 

En ese sentido, los bancos y el Gobierno coinciden en que no necesitarán fondos públicos del Estado para reforzar su capital de máxima calidad. Lo dijo Zapatero la pasada madrugada y lo confirmaron esta mañana las propias entidades. 

El propio Banco de España refuerza esa tesis: según un comunicado emitido por la entidad esta mañana, las cinco entidades españolas afectadas por los nuevos requerimientos de solvencia que ha impuesto la Unión Europea podrán 'alcanzar razonablemente' el objetivo en julio de 2012 por méritos propios y sin necesidad de acudir a ayudas públicas.

Y ello, a pesar de que el sistema financiero español es, después de Grecia, el que requiere captar más fondos según unas exigencias que la Asociación Española de Banca cree que son 'arbitrariamente altas y apartadas de las normas establecidas'.

En ese mismo comunicado, el Banco de España recuerda que los 26.161 millones que la Autoridad Bancaria Europea calcula que necesitan el Santander, el BBVA, el Popular, Bankia y La Caixa es una cifra 'provisional' y que los cálculos definitivos 'sólo se podrán hacer hacia mediados de noviembre'.

La EBA dio a conocer anoche que el Banco Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank, y el Banco Popular deberán reforzar su capital de máxima calidad en 26.161 millones para conseguir una ratio del 9 % sobre sus activos de riesgo antes de finales de julio de 2012.

El esfuerzo de la banca española por captar capital supone casi la cuarta parte de las necesidades del conjunto de la Unión Europea, que requiere 106.447 millones, y sólo será superado por Grecia, cuyas principales entidades bancarias deben captar 30.000 millones.

En cualquier caso, el déficit de capital de las entidades españolas será sensiblemente inferior a esos 26.161 millones, ya que la EBA ha incluido como capital de máxima calidad los bonos convertibles en acciones emitidos por algunos bancos españoles.

Además, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró anoche su confianza en que las cinco entidades españolas cumplirán con los nuevos requerimientos europeos sin apelar a las ayudas públicas.