La Audiencia Nacional juzga hoy al ex dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande por el atentado contra un furgón blindado en Zaragoza, en 1993, en el que murió un vigilante jurado, y que fue aplazado el pasado 8 de enero porque no se había podido citar a cuatro testigos "fundamentales".

El Ministerio Público pide para Silva Sande 105 años y 4 meses de cárcel por el atentado cometido el 7 de abril de 1993, en el que también murieron tres miembros de la banda terrorista.

El pasado 8 de enero, tanto el fiscal Carlos Bautista como el abogado de la acusación, Juan Carlos Rodríguez Segura, solicitaron al presidente del tribunal, Ángel Hurtado, la suspensión momentánea de la vista al no haberse podido citar para hoy a los "únicos" cuatro testigos que reconocieron a Silva Sande a través de fotografías en la Policía.

Pese a que hay muchas otras pruebas, según indicó el fiscal, que demuestran la autoría del acusado, el Ministerio Público consideró entonces más oportuno pedir el aplazamiento del juicio, que se celebrará hoy a las 10:30 horas.

Antes de la suspensión, Silva Sande negó los hechos porque, según ha dicho, en la fecha del atentado (7 de abril de 1993) no estaba en Zaragoza, ya que un año antes, cuando se fugó de prisión, se marchó a Francia y no volvió a España hasta ser detenido en 2000.

Señaló además que "hacía mucho tiempo que no estaba" en los GRAPO por lo que,insistió en que no participó en el asalto al furgón.

Según el escrito fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 21:45 horas de la fecha citada, cuando Silva Sande, el ya condenado por estos hechos Enrique Cuadra Echandia y los tres terroristas fallecidos se trasladaron en dos vehículos hacia la calle zaragozana Madres Plaza de Mayo, "portando además dos artefactos explosivos", un revólver y una escopeta.

Una vez allí, los acusados se apartaron hasta que apareció el furgón blindado que se estacionó en las inmediaciones de unas galerías comerciales con el fin de recoger sus fondos.

"De forma rápida y sorpresiva sin dar tiempo a los trabajadores de la empresa de seguridad a darse cuenta de lo que acontecía, colocaron dos artefactos explosivos", añade el escrito fiscal, que detalla que adosaron uno a los bajos del vehículo (al lado del acompañante del conductor) y otro a la puerta exterior del compartimento que guarda el dinero.

La explosión de ambos artefactos ocasionó la muerte de uno de los empleados de seguridad, así como de los tres 'grapos', y causó heridas graves a otros dos vigilantes y leves a dos viandantes.

"En la confusión creada tras la explosión", que también produjo daños materiales, los procesados lograron apoderarse de dos sacas de dinero propiedad de las galerías comerciales y de una gasolinera con un importe de 428.548 euros.

Diez días después del atentado, Silva Sande perdió el dinero robado en un enfrentamiento con la Policía en la estación del Norte de Barcelona, donde también perdió un revólver, una pistola, un temporizador y material explosivo -pentrita- que coincide con el empleado para el atentado.

El fiscal, además de la pena de cárcel, pide que Silva Sande indemnice con 240.000 euros a los herederos del fallecido, con 150.000 a cada uno de los heridos graves y con 6.000 y 3.000 a los leves.