El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, abrió el pasado sábado una investigación sobre el secuestro de la tripulación del atunero español Playa de Bakio por piratas somalíes. El magistrado recibió un informe policial elaborado la semana pasada sobre los secuestradores y tomará declaración a los tripulantes en cuanto estén recuperados del suceso.

Esta sede judicial es la encargada de investigar los delitos relacionados con la piratería. El PP, a través de su portavoz de asuntos internacionales, Gustavo de Arístegui, calificó como 'extremadamente grave' el pago negociado de la libertad de los pescadores a los secuestradores por parte del Gobierno. Las autoridades somalíes aseguraron que el precio de la liberación había sido de 700.000 euros.

Ni los propietarios del buque, ni las familias de los secuestrados ni el Gobierno han confirmado ese pago. En otros casos de secuestros pagados a terroristas, los pagadores han sido absueltos del delito de financiación de banda armada por haber alegado 'miedo insuperable'.

Las familias de los tripulantes del atunero no quieren oír hablar de abrir una investigación sobre el pago de un rescate. La decisión del juez Andreu ha generado un gran malestar en los hogares de los recién liberados.

Aseguran desconocer si el magistrado se limitará a investigar el secuestro o querrá ir más allá para aclarar cómo se produjo el desenlace final, pero consideran que la 'gran y única prioridad' era conseguir la libertad de los pescadores sin que sufrieran daño. Ainhize, hija de Juan Pedro Sesma, el engrasador del buque, aseguró: 'Me da igual quién hubiera podido poner el dinero, porque esos hombres valían eso y mucho más'.