La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará mañana, en un pleno extraordinario, si debe excarcelar a la etarra Inés del Río (que ha cumplido 26 años y 2 meses de prisión) tras conocer la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha ordenado hoy a España su puesta en libertad al revocar la llamada doctrina Parot. En este pleno, convocado para las 9:15 horas, la Audiencia Nacional solo revisará el caso de Inés del Río, que de no haberle sido aplicada la doctrina Parot debía haber quedado en libertad el 2 de julio de 2008, han informado fuentes jurídicas.

El pleno ha sido convocado este lunes mismo sin que aún se haya notificado oficialmente la sentencia del TEDH a la Audiencia Nacional y para tomar una decisión sobre de Inés del Río la Sala de lo Penal ha acordado dar traslado de la convocatoria de su reunión a la Fiscalía de este tribunal por si quiere presentar alegaciones.

El viernes, la Sala de lo Penal tiene también convocado un pleno ordinario, en el que podría estudiar otros casos a los que se aplicó la doctrina Parot y con ello el alcance que para esos reclusos tiene la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo. Las fuentes consultadas en la Audiencia Nacional han explicado que este tribunal revisará una por una las condenas de presos etarras que lo soliciten porque se crean afectados por el fallo de hoy del TDHE.

Entre los potencialmente beneficiarios de esta nueva jurisprudencia figuran decenas de presos etarras (entre ellos, por ejemplo, Domingo Troitiño, uno de los autores de la matanza de Hipercor) y siete miembros de los Grapo, pero también decenas de otros delincuentes con tres o más condenas (por ejemplo uno de los asesinos de las niñas de Alcásser, Miguel Ricart).

Cuando en julio de 2012 se conoció la primera sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso de la etarra Inés del Río, tanto ella, que reclamaba su excarcelación, como otros presos de ETA pidieron que se les dejara de aplicar dicha doctrina, en virtud de la cual habían visto prolongado el tiempo efectivo de cumplimiento de condena. A raíz de esas peticiones en cascada, que llegaron a sumar 33, el pleno de la Sala de lo Penal, compuesto por 18 magistrados, se reunió en varias ocasiones y en noviembre de 2012 acordó finalmente mantener la aplicación de la doctrina Parot para Del Río y otros 23 presos etarras.

Los magistrados argumentaron que algunos casos estaban pendientes de ser resueltos por el Constitucional y que a otros, como era el caso de Del Río, ya se les había denegado el amparo tras resolver sobre el fondo de la aplicación de dicha doctrina. Para tomar esta decisión, el pleno tuvo solo en cuenta los criterios del Tribunal Constitucional, sin entrar a evaluar el fallo europeo por carecer entonces de firmeza. Una vez firme, la Audiencia Nacional deberá decidir sobre la excarcelación de Del Río -al tratarse del tribunal encargado de ejecutar las sentencias dictadas contra ella- y analizar las consecuencias de esa resolución en otros presos por terrorismo que se encuentren en similares circunstancias.

En el Supremo se estiman en cinco los recursos pendientes, alguno de los cuales tendrá una pronta resolución, como es el referido a Ignacio Pujana Alberdi, a quien la Audiencia Nacional dejó en libertad siguiendo la jurisprudencia del Constitucional, fallo contra el que recurrió el fiscal.Otras fuentes, éstas de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo, han informado a Efe de que los magistrados tienen previsto celebrar un pleno para revisar su doctrina en los próximos días, una vez hayan estudiado el pronunciamiento de Estrasburgo.

El Constitucional tiene 23 asuntos afectados por la doctrina Parot pendientes de resolución (bien de sentencia o bien de admisión a trámite), de los cuales 22 se refieren a presos etarras, una cifra que fuentes de este tribunal consideran que podría aumentar. Una vez conocido el alcance general o particular del fallo, el conjunto del tribunal -pero en último término su presidente Francisco Pérez de los Cobos- llevará el asunto a un pleno ordinario o a uno monográfico. En ese pleno el Constitucional decidirá cómo modificar su jurisprudencia en función de la nueva doctrina de Estrasburgo y verá cómo aplicarla en la práctica a los casos afectados.