El juez Fernando Andreu ha abierto este miércoles un nuevo frente judicial a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, al acordar investigarle penalmente por la emisión de las participaciones preferentes de la entidad. Blesa, persona estrechamente relacionada con el expresidente del Gobierno José María Aznar, lleva una semana en la cárcel por la compra presuntamente irregular de un banco de Miami.

Andreu ha admitido a trámite hoy una tercera querella por las preferentes de Caja Madrid, en concreto la presentada por el despacho de abogados barcelonés Jausas, que se dirige contra Miguel Blesa y otros exconsejeros y exdirectivos de la entidad.

La denuncia salpica a PP, PSOE, CC.OO., UGT y la CEOE, ya que también son querellados, y tendrán que responder ante el juez asistidos por abogado, seis personas que representaban a esas organizaciones en el Consejo de Administración de Caja Madrid cuando se produjo la emisión masiva de preferentes de mayo del año 2009.

En concreto se trata de Gerardo Díaz Ferrán (expresidente de la patronal y en la cárcel desde diciembre de 2012 por ocultar fraudulentamente su patrimonio a los acreedores de Viajes Marsans), Jesús Pedroche y José Manuel Fernández Norniella (ambos vinculados al PP), José María Arteta Vico (exalcalde socialista de Móstoles), Rodolfo Benito (CC.OO.) y Gonzalo Martín Pascial (UGT).

Tanto Pedroche como Fernández Norniellla ya están imputados por el juez Andreu en el 'caso Bankia', en el que investiga irregularidades en la salida a Bolsa y el agujero económico del banco.

El juez anuncia que citará en calidad de querellados a todos ellos. aunque no pone fecha. Les dará traslado de la querella y les requerirá para que se personen en las actuaciones asistidos de abogado y procurador.

El despacho Jausas defiende en la querella a un empresario que invirtió 340.000 euros en participaciones preferentes, y que considera que los responsables en Caja Madrid de esas emisiones cometieron delitos de estfa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa y omisión del deber de denunciar delito.

En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que no hubo delito en la emisión de preferentes, el juez Andreu considera que debe realizarse una investigación 'pues su relevancia penal no puede excluirse sin haberse realizado, al menos, una mínima comprobacion de los hechos denunciados'.

El instructor señala que la admisión a trámite de la querella 'no constituye todavía y en todo caso un acto de imputación judicial, aunque permita al querellado comenzar a defenderse en el proceso', sino que supone 'la apertura de una vía para la investigación judicial' .

También serán investigados en la causa el expresidente de Caja Madrid Finance Preferred, Carlos Stilianopoulos, y el vocal de la misma entidad José Luis Sánchez Blánquez. En las querellas ya admitidas esta semana por el caso de las preferentes, de UPyD y del abogado del 15MpaRato, también se incluyen a otros exdirectivos de la Caja.

Como ya hizo al admitir la querella de UPyD por el mismo asunto, el juez rechaza incluir en la investigación, como hizo el lunes con el exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión  Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura. Considera el instructor que la conducta que le achaca la querella, de falta de diligencia frente a la actuación de Caja Madrid con las preferentes, no llegaría a encajar en el delito de omisión del deber de los funcionarios públicos de denunciar los delitos de los que tuvieran conocimiento.

Fuentes del despacho de abogados Jausas se mostraron parcialmente satisfechos con el auto de Andreu, pero anunciarán que lo recurrirán por dejar fuera de la investigación a la CNMV y a Julio Segura. Asimismo, reclaman que su querella no se acumule a la de UPyD, por entender que no se trata de hechos iguales.

Jausas dice que su querella apunta 'la existencia de un posible delito de estafa en la emisión de 3.000 millones de euros de participaciones preferentes que realizó en 2009 Caja Madrid, entonces presidida por Miguel Blesa. En esa emisión, la entidad supuestamente no sólo engañó sobre la naturaleza del producto sino que colocó las participaciones entre inversores a su valor nominal, que era muy superior al valor razonable'.