La Audiencia Nacional admitió el jueves a trámite una querella contra siete ex responsables militares israelíes, entre ellos un antiguo ministro de Defensa, por un presunto delito contra la humanidad cometido durante un ataque aéreo a la Franja de Gaza en 2002 en el que murieron 15 personas.

El ministro de Defensa israelí, Ehud Barack, calificó el caso de "irreal".

Al aceptar la querella del Centro Palestino para los Derechos Humanos, el titular del juzgado número cuatro de la Audiencia, Fernando Andreu Merelles, investigará al ex ministro Benjamin Ben-Eliezer y a otros seis militares por un ataque que costó la vida a un presunto dirigente de Hamás y catorce civiles.

El auto recuerda que los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2002, cuando un avión de combate israelí F16 lanzó una bomba de una tonelada contra la vivienda de Salah Shehadeh, considerado un destacado dirigente de Hamás, en Ciudad de Gaza. A apenas dos metros de la casa de Shehadeh se encontraba la vivienda de una familia de la que siete miembros murieron.

la mayoría de ellos niños y bebés-, 150 personas resultaron heridas - algunas de ellas con lesiones graves y secuelas permanentes -, ocho casas de los alrededores fueron totalmente destruidas, nueve casas resultaron destruidas parcialmente y otras veintiuna sufrieron daños moderados", añadió.

El juez pide cursar una comisión rogatoria a las autoridades palestinas para poder tomar declaración a los testigos de este ataque y otra al Gobierno israelí para notificar el auto a los imputados, si bien apunta que en agosto pasado pidió a Israel que informara de si había algún procedimiento judicial iniciado sobre estos hechos y por el momento no había recibido respuesta.

La Audiencia Nacional puede imputar a extranjeros delitos como genocidio, crímenes contra la humanidad y tortura, independientemente de dónde se han cometido.

"Si Israel quiere ser una nación civilizada tendrá que aceptar el imperio de la ley, y el imperio de la ley no se sirve con una bomba de una tonelada", dijo el abogado del Centro Palestino, Gonzalo Boye.

"No justifico las acciones de Hamás. Creo que ambas partes son culpables. Los únicos inocentes son las víctimas civiles. Hemos excluido de nuestro caso a la persona de Hamás que era objetivo del Ejército israelí".

Tras conocer la noticia, Ben-Eliezer dijo que la decisión era "escandalosa", añadiendo que "las organizaciones terroristas están usando los tribunales de naciones libres bajo el disfraz de la democracia para luchar contra los que combaten el terrorismo".

A su juicio, Shehada era un "asesino de masas responsable de la muerte de 100 israelíes (...) y envió decenas de suicidas a las calles.

En Tel Aviv, el ministro de Defensa Barak dijo en un comunicado que "objetaba firmemente" el "anuncio irreal" de España y defendería las acusaciones con vehemencia.

"EL MUNDO AL REVÉS"

"Cualquiera que califique la liquidación de un terrorista de 'crimen contra la humanidad' está viviendo en el mundo al revés. Todos los altos cargos de la institución militar actuaron adecuadamente, en nombre del Estado de Israel, por su compromiso para asegurar la seguridad de los ciudadanos israelíes", indicó Barak.

Mientras, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dijo a los periodistas que se respetaría la Justicia y que España seguirá trabajando por la paz.

El ex primer ministro Ariel Sharon en su momento describió el ataque aéreo como un gran éxito. Washington lo calificó de mano dura y la Unión Europea acusó a Israel de dañar las posibilidades de un acuerdo para poner fin a los atentados suicidas en Israel.

Boye dijo que la ofensiva que Israel lanzó en Gaza el 27 de diciembre, en la que murieron 1.300 palestinos, y cuyo objetivo era frenar los ataques con cohetes palestinos, podría conllevar más casos ante la justicia española.

"Podríamos tener más trabajo que hacer. Israel ha demostrado en las últimas semanas que no tiene respeto por la vida humana si no son vidas (israelíes)", indicó.

Los llamamientos internacionales a investigar a Israel sobre supuestos crímenes de guerra durante el último conflicto en Gaza ha llevado al primer ministro israelí Ehud Olmert a prometer al personal militar protección estatal frente a un proceso legal exterior.