La Audiencia Nacional decidió el viernes no aceptar la causa sobre la denuncia presentada en Lanzarote por la activista saharaui Aminetu Haidar contra Marruecos y España por su expulsión del Sáhara Occidental y devolvió la parte que se refiere a España a un juzgado canario.

Haidar, que lleva 19 días en huelga de hambre, fue expulsada por las autoridades marroquíes el 15 de noviembre cuando volvía a la antigua colonia española de un viaje a Nueva York que hizo escala en Canarias para recoger un premio por su defensa de los derechos humanos en este territorio.

Al entrar en España interpuso una denuncia contra Marruecos por expulsión ilegal y contra las autoridades españolas por secuestro y al considerar que la obligaron a entrar en el país en contra de su voluntad y le impiden la salida, así como contra la compañía aérea.

El 20 de noviembre, el juzgado de Arrecife decidió inhibirse ante la Audiencia Nacional por considerar que los hechos habían ocurrido en el extranjero.

capital del Sáhara que administra Marruecos - puesto que las víctimas no son españoles ni sus presuntos responsables están en España.

Estos son los únicos casos que permite ahora la reciente reforma judicial acordada por el Parlamento sobre la llamada "jurisdicción universal".

En cuanto a los posibles delitos comunes ocurridos en el extranjero, Velasco señala que al no ser sus autores españoles o extranjeros que hubiesen adquirido la nacionalidad española, la Audiencia no es competente.

Y respecto a los hechos ocurridos en España, también se declara no competente.

"Será por tanto el Juzgado de Instrucción nº 8 de Arrecife quien deberá practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados en el aeropuerto y si la prohibición impuesta a la denunciante Aminatou Haidar de viajar a El Aiún constituye algún ilícito penal", dijo en el auto.

"HAY QUE SEGUIR INSISTIENDO"

Si el jueves las declaraciones desde el Partido Socialista y el Ministerio de Asuntos Exteriores parecían dar por paralizadas las negociaciones con Marruecos para solucionar este asunto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el viernes que "hay que seguir insistiendo".

"Estamos haciendo todas la gestiones que están en nuestra manos (...), gestiones diplomáticas con Marruecos para poder recuperar su pasaporte", declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

España ha ofrecido a la activista solicitar un nuevo pasaporte marroquí, otorgarle el estatuto de refugiada e incluso concederle la nacionalidad española, pero ella ha rechazado las tres opciones. La abogada de Haidar ha señalado que a las autoridades españolas les bastaría cumplir con la Ley de Extranjería y expulsar a Haidar sin documentación para que pudiera regresar a su casa en El Aiún.

Marruecos parece haber endurecido su postura en los últimos días, y el presidente del Senado, Mohamed Cheij Biabidilá, dijo que "30 millones de marroquíes ahora se niegan a que vuelva porque ella ha rechazado su nacionalidad" y que "si vuelve, le pueden pegar, la pueden matar".

En una entrevista en el diario El Mundo, Biabidilá afirmó que la única manera de solucionar este asunto es presionando al Frente Polisario y al país que le apoya, Argelia.

"Haidar está siendo manipulada por los servicios secretos de Argelia", fue citado. "Forma parte de un plan estratégico-diabólico para obstruir las negociaciones con el Polisario acerca de la autonomía del Sáhara Occidental".

De la Vega dijo que aunque "las últimas gestiones no han dado los frutos que habría que desear, Exteriores va a seguir insistiendo, seguirá hablando para tratar de llegar a una solución", y agregó que "entre todos (y con la ONU) deberíamos ser capaces de alcanzar una solución".

A la pregunta de si se ha pedido la intervención del rey Juan Carlos para hablar con Marruecos, la vicepresidenta respondió que quien está actuando "es el Gobierno".